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INFORMACIÓN
OPTENIDA:
1.
Jonathan
Castro
2.
EL
COMERCIO
3.
IPSOS
4.
Enfoque
Derecho (Enfoque en la Campaña)
INFORMACIÓN
OPTENIDA:
1.
Jonathan
Castro
2.
EL
COMERCIO
3.
IPSOS
4.
Enfoque
Derecho (Enfoque en la Campaña)
VOTEMOS POR QUIENES HAGAN PROMESAS BAJO CARTA NOTARIAL EN PRÓXIMAS
ELECCIONES
El periodista se mostró en contra de las leyes aprobadas por el Congreso,
tales como la devolución de ONP y la legalización de colectivos. “La
informalidad extendida significará, al final, la extinción del Estado”,
expresó.
Crítica. El periodista César Hildebrandt cuestionó las decisiones del
Congreso de la República al aprobar por insistencia proyectos de ley como la
devolución de aportes ONP, la formalización de taxis colectivos y la
eliminación del sistema CAS.
En efecto, para Hildebrandt aprobar este tipo de propuestas “aspiran a
reclutarnos a la informalidad” donde “la anomia no se resigna a ser islote”,
pues considera que esto ayuda a que ahora los traficantes de terrenos también
pueden esperar “su redención”.
“Los mineros informales que intoxican cuencas enteras, ¿por qué no
habrían de resistir? Y los que no pagan impuestos prediales, ¿por qué tendrían
que hacerlo si los agroexportadores pagaban la mitad del impuesto a la renta
que les correspondía?”, escribió en su columna semanal en Hildebrandt en sus
trece.
Asimismo, sostuvo que bajo este panorama se necesitaba “un gobierno
inspirado y con vocación de lidiar con los problemas que nos persiguen” ya que,
según el periodista, el que tenemos actualmente “es esta horchata que nos deja
sedientos”.
“La lucha por la justicia salarial es una cosa. Las expresiones de
disgusto y rabia en contra de un sistema oligárquico son una necesidad, casi
una prueba de vida. Pero no olvidemos que hay fuerzas que, a lo largo de
nuestra historia, nos han empujado al mismo abismo, el de la ingobernabilidad.
Y la informalidad extendida significará, al final, la extinción del Estado”,
aseveró.
Es así que César Hildebrandt consideró que de lado del Parlamento solo
hay “el tren fantasma y sus horrores”, por lo que también se debe impedir que BANCADAS
COMO ACCIÓN POPULAR “TRAMEN CON SUS COMPINCHES UN NUEVO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
A SU MEDIDA”.
“Hay que cerrarles el paso a disposiciones que, como aquella de la ONP,
postulan la mutilación del futuro en nombre de una limosna de emergencia. Hay
que parar a esa banda de canallas que se deshacen de la inmunidad adquirida
mientras siguen protegiendo a Edgar Alarcón y acunando al hijo de ‘Pepe’ Luna”,
opinó.
En consecuencia de esto, el periodista propuso que en las próximas
elecciones generales del 2021 se vote por aquellos candidatos “que conviertan
sus promesas en un papel de notaría firmado y hecho público”.
“EN ESA ACTA DE COMPROMISO DEBERÁ CONSTAR QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO,
LA CIUDADANÍA ENGAÑADA TENDRÁ EL PLENO DERECHO DE ENTRA AL PALACIO DE LA
HIGUERA Y SACAR EN VILO AL FARSANTE. SERÍA UNA MANERA EDIFICANTE (Y
ESCARMENTADORA) DE ENTENDER LA INFORMALIDAD COMO DOCTRINA NACIONAL”, FINALIZÓ.
FUENTES: ALONSO COLLANTES- LA REPUBLICA
12 Dic 2020 | 4:15 h
Actualizado
el 12 de Diciembre 2020 | 13:20 h
Sombra electoral. La Fiscalía considera que los candidatos y los partidos
políticos lavaron activos y cometieron otros delitos de corrupción en las
elecciones desde el 2006 hasta la actualidad, por lo que investiga a cuatro
candidatos a la presidencia y nueve partidos políticos. Hay investigaciones por
otros delitos.
Postulan al límite. Ocho candidatos a la presidencia de la República
afrontan investigaciones penales en el Ministerio Público. Una situación que
distraerá y afectará su desempeño, si uno de ellos logra ser elegido para
dirigir el país, para el periodo de julio 2021 a julio 2026.
Adicionalmente, nueve partidos políticos participantes en las elecciones
generales de abril próximo también están involucrados en investigaciones del
Ministerio Público. Se sospecha que fueron infiltrados por organizaciones
criminales para lavar dinero de origen ilícito o realizaron actos de corrupción
para lograr su registro electoral.
Una primera consecuencia inmediata de esta situación es que las
elecciones generales de abril próximo y la política en general del país se ven
afectadas por las decisiones que toman los magistrados del Ministerio Público y
el Poder Judicial.
Una investigación fiscal y judicial por delitos de lavado de activos y
corrupción de funcionarios desde que se inician las primeras pesquisas hasta
que se emite una decisión final y definitiva puede durar un promedio de ocho a
10 años.
La demora en las investigaciones y los procesos judiciales no es
responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia ni de los abogados
defensores. Es consecuencia de muchos factores. Falta de suficientes peritos
para los exámenes contables y financieros, demora en obtener documentos, ya sea
a nivel internacional o dentro del país, y los mismos plazos procesales y
vacíos, entre una etapa y otra.
TODOS SOSPECHOSOS
JUNTO A ELLOS TAMBIÉN:
DE ELLOS:
El equipo fiscal que ve este caso les atribuye haber recibido, con su
conocimiento, aportes de campaña de procedencia ilícita de la constructora
brasileña Odebrecht.
Ese dinero ilícito, dice la Fiscalía, fue blanqueado, a través del
aparato partidario, vía aportes simulados, para ser utilizado en los gastos de
campañas en las elecciones 2006, 2011, 2016 o en beneficio personal de los
líderes de los partidos.
Bajo el mismo esquema, pero con fondos de una fuente aún desconocida, ES
INVESTIGADO EL DUEÑO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, CÉSAR ACUÑA, Y SU PARTIDO
ALIANZA PARA EL PROGRESO. La Fiscalía le atribuye haber recibido aportes de
campaña ilícitos para las elecciones del 2016.
EL EXMINISTRO Y ACTUAL CANDIDATO PRESIDENCIAL FERNANDO OLIVERA también es
investigado por el caso Lava Jato. Se indaga su participación en la
adjudicación del contrato de la Carretera Interoceánica a Odebrecht, UN
PROYECTO POR EL QUE ODEBRECHT ADMITIÓ HABER PAGADO UN MILLONARIO SOBORNO AL
EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO.
EL EXMINISTRO DANIEL URRESTI AFRONTA UN JUICIO COMO PRESUNTO ACTOR
MEDIATO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA HUGO BUSTÍOS EN AYACUCHO, por parte de un
destacamento militar, durante la guerra contrasubversiva. Aunque el partido por
el que postula, PODEMOS POR EL PERÚ, no está incluido en este proceso, sí está
investigado por otros hechos.
CAMBALACHE
El partido por el que postula Urresti, PODEMOS PERÚ, FUNDADO POR EL
EMPRESARIO Y DUEÑO DE LA UNIVERSIDAD TELESUP, JOSÉ LUNA GÁLVEZ, ESTÁ
INVOLUCRADO EN LA INVESTIGACIÓN A LA RED DE CORRUPCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL
“CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO”.
El exjefe de la ONPE Adolfo Castillo ha reconocido que fue reclutado por
Luna Gálvez y el asesor político José Luis Cavassa para postular y ejercer la
jefatura del organismo electoral, nombrado por el desactivado Consejo Nacional
de la Magistratura, con el fin de asegurar el registro de Podemos por el Perú.
OTRO CASO PECULIAR ES EL DE JULIO GUZMÁN. El equipo fiscal del caso Lava
Jato le inició una investigación por supuestamente recibir un aporte ilícito de
Odebrecht en las elecciones del 2016, vía el partido Todos por el Perú.
El 2016, Odebrecht ya estaba en conversaciones con el grupo Lava Jato en
Brasil y el departamento de justicia de Estados Unidos para colaborar con la
investigación, por lo que es difícil que se haya dado una escapada para
aportar, una vez más, a una campaña política en el Perú.
Por otro lado, EL PARTIDO QUE GUZMÁN FUNDÓ Y POR EL QUE AHORA POSTULA,
PARTIDO MORADO, HA SIDO MENCIONADO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS “CUELLOS BLANCOS
DEL PUERTO” POR UN PRESUNTO FAVORECIMIENTO A SU REGISTRO POLÍTICO.
ALBERTO BEINGOLEA AFRONTA UNA INVESTIGACIÓN EN LAS FISCALÍAS
ANTICORRUPCIÓN por una asesoría que brindó al Gobierno Regional del Callao,
para un programa de capacitación.
Esa investigación no alcanza a su partido, PERO EL PPC ESTÁ INCLUIDO EN
LA INVESTIGACIÓN A LA EXCANDIDATA LOURDES FLORES POR SUPUESTOS APORTES DE
ODEBRECHT en la campaña presidencial del 2006 y municipal del 2010.
Completa el cuadro EL EXALCALDE DE LA VICTORIA GEORGE FORSYTH POR UNA
DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR QUE PRESENTÓ SU EXPAREJA VANESSA TERKES.
Los candidatos presidenciales de Solidaridad Nacional, APRA y Unión por
el Perú presentan CANDIDATOS SIN PROBLEMAS CON LA JUSTICIA, PERO LAS
ORGANIZACIONES SÍ LOS TIENEN.
AL CUELLO
De acuerdo con la legislación vigente, LOS FISCALES DEL CASO LAVA JATO
APUNTAN A LA DISOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, en caso de una sentencia
condenatoria, como instrumentos del delito.
Esto es lo que los fiscales han pedido EN LOS CASOS FUJIMORI Y HUMALA Y
QUE PEDIRÁN PARA EL RESTO DE GRUPOS POLÍTICOS INVESTIGADOS.
El fiscal José Domingo Pérez pidió al juez Víctor Zúñiga LA SUSPENSIÓN DE
FUERZA POPULAR POR DOS AÑOS Y MEDIO, LO QUE LE IMPEDIRÍA PARTICIPAR EN LAS
ELECCIONES DEL 2021 Y 2022. Al acusar pedirá la disolución.
En mayo del 2019, cuando todavía no se había activado políticamente, AL
FORMULAR ACUSACIÓN Y PEDIR 20 AÑOS DE PRISIÓN PARA OLLANTA HUMALA POR LAVADO DE
ACTIVOS, el fiscal Germán Juárez planteó que AL EMITIRSE SENTENCIA SE DISPONGA
LA DISOLUCIÓN DEL PARTIDO NACIONALISTA.
Así, la suspensión de Fuerza Popular es el primer paso. Si la Fiscalía
logra probar sus sospechas, esta será la última elección en la que participarán
Fuerza Popular, el PNP y otros partidos. Claro, el elector los podría disolver
antes.
TIEMPOS
Antecedentes. Una investigación compleja como la que se sigue a los
candidatos presidenciales y los partidos políticos tiene un promedio de
duración de ocho a 10 años.
PLAZOS: En todos los casos se están cumpliendo 3 años de investigación
preliminar y otros tres de investigación preparatoria. Luego, ya no hay plazos
fijos. Humala va a cumplir dos años de control de acusación. El juicio se
podría iniciar a mediados del 2021.
FUENTES: ALONSO COLLANTES- LA REPUBLICA
12 Dic 2020 | 4:15 h
Actualizado
el 12 de Diciembre 2020 | 13:20 h
Sondeo arrojó cifras reveladoras de cara a las elecciones generales del
2021.
Encuesta de Datum revela que el 74% de peruanos irá a votar el 11 de
abril aun si continúa la pandemia. George Forsyth sigue liderando las
preferencias, pero baja a 10% de intención de voto, la mitad de lo que registró
en octubre.
Las encuesta Datum demuestran que hay una crisis de liderazgo.
Datum sostiene que tras la reciente crisis política se hubiera esperado
el crecimiento de algún candidato a la Presidencia, pero eso no ha ocurrido.
Si las elecciones generales se realizaran mañana:
1.
Un 32% de encuestados no votaría por
algún candidato o lo haría en blanco o viciado.
2.
Otro 24% sostiene que no sabe por
quién votar, todo lo cual suma un 56 por ciento.
Los resultados demuestran que hay una crisis de liderazgo y no hay nadie
que haya podido ser un referente político y despuntar en el proceso electoral.
Estamos más cerca de las elecciones y hay más indecisión; se advierte un distanciamiento
de la clase política versus el electorado y eso se traduce en el mayor porcentaje
de indecisos.
Respecto a la intención de voto,
la encuesta de Datum sigue ubicando a:
1.
George Forsyth a la cabeza de los
candidatos con un 10%, es decir diez puntos porcentuales menos de lo que
registró en octubre último.
2.
Lo siguen Hernando de Soto con 5%.
3.
Verónika Mendoza (4%).
4.
Julio Guzmán (4%).
5.
Keiko Fujimori (4%).
6.
Jonhy Lescano (4%).
Al respecto, Torrado sostiene que no hay un segundo lugar. “Las
posiciones obedecen a una diferencia porcentual pero no olvidemos que hay un
margen de error en la encuesta. Desde Hernando de Soto para abajo todos están
peleando el mismo espacio político, el único que está un poquito más allá es
George Forsyth que ha sufrido una caída muy significativa respecto de la
medición anterior y que podría acentuarse. (…) A pesar de visitar ciudades y
realizar actividades no ha logrado ganar espacio, por el contrario, lo ha
perdido”, manifestó.
ELECCIONES EN PANDEMIA
Otro aspecto abordado en la encuesta está referido a la disposición del
electorado a acudir a las urnas aun si continúa la pandemia del COVID-19, el 11
de abril de 2021.
1.
El 74% afirma que sí irá a votar y
eso representa un incremento significativo respecto a lo que respondieron los
encuestados en octubre pasado cuando era un 66% el que se manifestaba a favor
de esa opción.
Para la CEO de Datum, este resultado evidencia, por un lado, que el temor
al contagio ha disminuido y la gente se siente más segura y tranquila.
Por otra Sparte, recalca, “hay un mayor compromiso después de la crisis
política que hemos vivido”. “Votar obliga a comprometerte, a tomar posición, de
alguna manera hay esa reflexión”, subrayó.
FUENTES:
1. DATUM
2.
URPI TORRADO
3.
PERÚ21
Comisión de Constitución aprueba el retorno del Senado
Grupo de trabajo también dio luz verde a la eliminación de la inmunidad
parlamentaria. Las reformas deberán ser ratificadas en el pleno.
En una sola sesión, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso
aprobó dos textos sustitutorios que modifican diversos artículos de la Carta
Magna.
Con 8 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el grupo de trabajo
aprobó el retorno del sistema bicameral en el Parlamento.
LA PROPUESTA, QUE MODIFICA MÁS DE 60 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN,
PLANTEA QUE EL LEGISLATIVO ESTÉ CONFORMADO POR UNA CÁMARA DE SENADORES DE 60
INTEGRANTES Y UNA CÁMARA DE DIPUTADOS DE 130 MIEMBROS.
Pese a que el texto anterior permitía que los legisladores sean
reelegidos en una cámara distinta, la fórmula aprobada eliminó dicha
posibilidad.
“Los miembros del Parlamento no pueden ser reelegidos para un nuevo
período, de manera inmediata, en el mismo cargo. De la misma manera, no hay reelección
como diputado o senador”, señala el documento.
EL TEXTO, ADEMÁS, INCLUYE LA REFORMA DE OTROS PASAJES DE LA CONSTITUCIÓN.
Por ejemplo, se modifica el artículo 117, para establecer que el
presidente de la República pueda ser sujeto de una acusación constitucional por
parte de la Fiscalía de la Nación “por la presunta comisión de delitos dolosos
contra la administración pública o el patrimonio del Estado, terrorismo,
apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, lavado de
activos y violación de la libertad sexual, cometidos durante su gestión o antes
de ello”.
Bajo la normativa actual, el mandatario solo puede ser acusado por cuatro
delitos específicos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver
inconstitucionalmente el Congreso o impedir su funcionamiento, o el del Jurado
Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Asimismo, se establece que los ministros que formen parte de un Gabinete
censurado no podrán ocupar ninguna cartera ministerial en lo que reste del
período presidencial.
Por último, la fórmula agregó el artículo 99-A de la Constitución,
mediante el cual se obliga a los altos funcionarios a mantenerse en el país por
un año luego de dejar sus cargos, salvo autorización judicial.
INMUNIDAD PARLAMENTARIA
De manera separada, la comisión aprobó también el texto sustitutorio que
propone eliminar la inmunidad parlamentaria. La propuesta fue aprobada con
catorce votos a favor, ninguno en contra y una abstención del congresista
Orlando Arapa (Nueva Constitución).
Según el texto, el procesamiento de los legisladores por delitos comunes
cometidos durante su gestión corresponderá a la Corte Suprema de Justicia. En
caso se trate de delitos cometidos antes de asumir el mandato, es competente el
juez penal ordinario.
A diferencia de la propuesta que se aprobó en el pleno el pasado 5 de
julio, esta no elimina la inmunidad de los ministros, del defensor del Pueblo y
de los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros altos funcionarios.
MÁS REFORMAS
AYER, LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CONGRESO APROBÓ EL PREDICTAMEN
QUE PROPONE LA REELECCIÓN INMEDIATA DE ALCALDES Y GOBERNADORES REGIONALES. LA
PROPUESTA FUE APROBADA CON EL VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE
TRABAJO, GRIMALDO VÁSQUEZ.
POR TRATARSE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES, TANTO ESTE COMO LOS DICTÁMENES
SOBRE BICAMERALIDAD Y ELIMINACIÓN DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA DEBERÁN SER
APROBADOS CON 87 VOTOS EN DOS LEGISLATURAS ORDINARIAS SUCESIVAS O CON 66 VOTOS
Y RATIFICADAS MEDIANTE REFERÉNDUM.
Por Ariana Lira Delcore