EL FINANCIAMIENTO ILEGAL DE CAMPAÑAS

La filtración de dinero ilícito en las campañas electorales no es un problema nuevo en el Perú. Los distintos procesos abiertos por presuntas entregas de dinero de Odebrecht a campañas presidenciales y edilicias de la última década así lo demuestran.

Tras los constantes destapes en las investigaciones, la necesidad de tipificar como delito el financiamiento ilegal de campañas ha concentrado gran parte del debate.

Partidarios y opositores de esa iniciativa han esbozado diferentes argumentos para defender sus posturas. Estos, sin embargo, esconden ciertas inexactitudes.

1. “El Congreso es el único responsable de que no exista el delito de financiamiento ilegal”

La ausencia del financiamiento ilegal de campañas electorales como un delito tipificado en el Código Penal ha sido históricamente atribuida al Parlamento, debido a que un cambio de ese tipo requiere la aprobación de una norma con rango de ley.

“El detalle es que cualquier gobierno pudo tipificar este delito como parte de algún pedido de facultades legislativas. El Ejecutivo, a través de los años, también debe asumir una responsabilidad –aunque menor– en la filtración de dinero ilícito”, afirma el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara.

En los últimos cinco gobiernos, el Congreso otorgó facultades al Poder Ejecutivo 17 veces. En ninguna de estas se abordó la lucha contra el ingreso de dinero ilegal en la política.

2. “Sin la tipificación es imposible penalizar el ingreso de dinero ilícito a las campañas”

Efectivamente, la recepción de aportes de origen ilegal, bajo la legislación actual, una infracción administrativa y no penal.

A falta de la tipificación como delito, los fiscales utilizan tipos penales como el lavado de activos para perseguir el financiamiento ilegal. Si el receptor del dinero era funcionario, apelan a tipos relacionados a actos de corrupción.

“Pero a falta de la ley que tipifique el delito, el Ejecutivo podría convertir a los partidos políticos en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, eso no requiere la aprobación del Congreso. Lo puede hacer el gobierno directamente”, señala el abogado penalista Carlos Caro.

Tras la última modificación a la ley que creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bastaría un decreto supremo refrendado por los ministerios de Justicia y Economía para ampliar la lista de sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas. En dicha lista figuran hoy, por ejemplo, empresas o asociaciones civiles, no partidos políticos.

3. “La tipificación permitirá sancionar casos como los de políticos hoy procesados por recibir dinero ilegal”

Si bien la tipificación del financiamiento ilegal como delito permitiría atacar la filtración de dinero ilícito en campañas electorales, como toda nueva norma, recién se aplicaría para futuros casos.

Incluso si se tipificara antes de culminar los procesos contra aquellos acusados de recibir dinero de Odebrecht, los jueces no podrían apelar a ese delito para determinar eventuales condenas.

“Para ello se requeriría que la ley haya estado vigente al momento del hecho delictivo. Si el delito se tipifica mañana, el financiamiento ilegal tendría que producirse después para tener sanción penal”, precisa el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.

4. “Las nuevas normas electorales aprobadas por el Congreso atacan el financiamiento ilegal”

Durante el primer período de la actual legislatura, esa fue una frase recurrente de distintos parlamentarios.

Destacaban, entre otros cambios, la prohibición de los aportes de personas condenadas o con prisión preventiva por narcotráfico, corrupción, terrorismo, trata de personas, minería y tala ilegal, y lavado de activos.

“El problema es que esto no fue acompañado de una reforma para fiscalizar a quien incumpliera. El cambio por sí solo no tiene mayor impacto. Si hoy descubres que alguien recibe ese tipo de aporte, solo puedes multarlo”, enfatiza Vargas Valdivia.

5. “La ONPE podría hacer más en la fiscalización de aportes ilícitos”

Tal como sucede con el Ejecutivo y el Legislativo, el destape de presuntos aportes de origen ilícito a diferentes candidatos puso el foco de atención sobre el rol de la ONPE.

Mientras se cuestionaba su rol preventivo, cambios normativos debilitaron algunas de sus facultades. Como parte del paquete de normas electorales antes mencionado, por ejemplo, se aprobó que los partidos rindan cuentas de sus finanzas recién al término de la campaña.

“La ONPE no podrá fiscalizar una procedencia ilícita de aportes hasta entonces. Si lo comprobara, la sanción sería una multa, que puede ser incluso menor a la cantidad recibida”, sostiene Távara.

Vargas Valdivia y Caro coinciden en que los cambios efectuados por el Parlamento debilitaron a la ONPE en ese aspecto. Para el penalista, sin embargo, el ente electoral podría dar un paso adelante independientemente de la normativa.

“Eso pasa por buscar ex fiscales en temas de corrupción o lavado, por definir perfiles claros de funcionarios”, declara Caro.

FUENTE: Diego Chirinos