LAS PROMESAS DEL PRESIDENTE VIZCARRA EN RELACIÓN A LOS HOSPITALES QUE HABRÍA DE INAUGURAR DURANTE SU GESTIÓN SE HICIERON SOLEMNEMENTE EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018. NO SE CUMPLIERON. FUERON HOSPITALES DE LA IMAGINACIÓN NADA MAS

"Son entre 60  y 50  nosocomios que vamos a entregar el próximo  año  2019",  prometió el  presidente  Martín   Vizcarra en un viaje a la provincia de Barranca,  el 30  de diciembre  del

2018,  en víspera de Año Nuevo. Y frente a las  autoridades locales, añadió:  "Estamos trabajan­ do  intensamente  para  mejorar los servicios del Estado. Por eso, hace  algunos  días  me compro­ metí  con  la  puesta   en  servicio de un centro de salud un hospital por semana".  De haber cumplido con su palabra, habría  en el país 76 centros médicos nuevos. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta antes de la pandemia  sólo se inauguraron seis centros de salud comunitarios y dos hospitales.

Los hospitales  están  situados  en  Moyobamba  y en  Tocache.   Los  centros   de  salud comunitarios  se  inauguraron en     Paucarbamba     (Huanca­ velica),     Canchaque    (Piura), Chincheros  (Apurímac),  en la universidad   de   San   Marcos (Lima), en Madre de Dios y en Áncash.  Eso fue todo.

Un vocero  del  Ministerio  de Salud justifica  la  demora  argumentando  que  la  construcción de un hospital y un centro salud "toma tiempo  y  es complicado realizarla a corto plazo".

En mayo del 2018, con apenas dos meses en el cargo, el primer mandatario viajó a Tingo María, y durante su recorrido por la ciudad visitó la construcción del nuevo hospital de la localidad, cuya primera piedra había  sido colocada  en el 2015.

Y allí,  entre la  argamasa y las palas, lanzó otra promesa. "Podemos garantizar y com­ prometernos con Tingo  María que,  a fines  de este año,  estará concluido  al  100%  este  hospital. Todas las autoridades deben cumplir con su responsabilidad, es  decir,  el  gobierno  regional con el equipamiento, el contratista con las obras y nosotros desde el Ejecutivo con el presupuesto",  dijo Vizcarra a los pobladores. "El nuevo hospital de Tingo  María se abrió recién  en mayo de este año, pero solo una parte, el área de emergencia, funciona para atender pacientes covid-19. El hospital ha estado  paralizado todo este tiempo",  dice a este semanario Darly del Carpio, decana  del Colegio Médico de Huánuco.

La obra la  impulsan  el Ministerio  de Salud  y el gobierno regional de Huánuco,  a cargo de Juan  Alvarado.  Y tiene  una  inversión  de  S/.  171'887,426­44. "El nuevo hospital está casi terminado,  pero no funciona  en su totalidad.  La mayoría  de gente en Tingo María se va al hospital de contingencia que sí funciona, que  es precario y está  colapsado", añade Darly del Carpio.

En agosto del 2019, durante un  viaje  a Moyobamba,  el jefe de Estado se mandó con otra batería de promesas hospitalarias. "San Martín tiene seis hospitales por abrir antes de acabar el año y me comprometo a inaugurar  un hospital por mes junto al gobernador (Pedro Bogarín). Se vienen  los hospitales de Tocache, Bellavista, Picota y Rioja, entre otros,  que  vienen  siendo equipados". Aquella promesa arrancó  el aplauso  de la población que lo escuchaba.

En octubre de ese mismo año se inauguró el hospital  de Tocache.  Del resto  no hay  noticias. "La gente de las localidades de Bellavista, Picota y Rioja se vienen a Moyobamba.  Hay mucho retraso  en las obras", dice Víctor Cesías  López, presidente de  la Federación Médica de la región San Martín.

La semana  pasada,  en Picota,  se  produjo  una  protesta en la  que se exigió  la  obra prome­ tida.  Las críticas  iban  dirigidas al  gobernador  regional   Pedro Bogarín,  quien  coordina con el Ministerio de Salud la construcción de los  hospitales  prometidos. "Exigimos la entrega inme­ diata de nuestro hospital", decía uno  de los  carteles.  El hospital en Picota no ha sido terminado.

En diciembre del 2018 el presidente Vizcarra viajó a la comunidad  de  Jachoco,   distrito de llave, en Puno.  Según un despacho    de   "La   República", allí el jefe de Estado  "garantizó la construcción del hospital regional  Manuel   Núñez   Butrón en 2019".  Pero  a la fecha ni si quiera se ha colocado la primera piedra.

El 31  de  diciembre   del  año pasado   Vizcarra  visitó  la  ciudad  puneña de Macusani  y allí le mentaron por la promesa incumplida. "Hay una controversia en el proceso  de contratación que está en manos del OSCE  (Organismo   Supervisor de  Contrataciones  del  Estado). El OSCE es independiente", dijo Vizcarra.

La gobernación  de  Puno  recién licitó la obra, valorizada en S/. 329'373,420,  el 19  de junio pasado,  tras  superar problemas burocráticos.  El nuevo  hospital estaría listo el 2022.

Vizcarra no sólo ha tropezado con el cemento de los hospitales. Las camas UCI también  se le re­ sisten. Hace un mes prometió que para el 30 de junio el país contaría con  2  mil camas  de Unidad  de Cuidados Intensivos. En la conferencia de prensa que dio el pasado miércoles 24 de junio, a seis días de vencer el plazo, reconoció implícitamente que no es posible cumplir con la promesa. "Hoy tenemos más de 1,300 camas, 1,323 exactamente(. .. ). Y creemos que todavía debemos seguir esforzándonos  para llegar a la meta que nos hemos propuesto de dos mil camas UCI en las próximas semanas". Palabras que ojalá no se las lleve el viento.

Por ALONSO RAMOS

EL ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y LAS CLÍNICAS PRIVADAS NO ALIVIA LA SITUACIÓN DE QUIENES DEBEN FORTUNAS POR LA ATENCIÓN QUE ESOS ESTABLECIMIENTOS LES "BRINDARON" A SUS SERES QUERIDOS

José Luis Tovar Reynoso ( 68) todavía no sabe que la clínica San Felipe, donde estuvo internado 60 días en una UCI, le acaba de enviar a su familia una factura por 665,075 soles.  Tovar padece "delirio  de paciente  crítico",  una secuela común en aquellos enfermos que han estado mucho tiempo en coma inducido, como es el caso de los  pacientes  de covid-19  que requieren  ventilación   mecánica. El pasado  21 de junio Tovar fue dado de alta, pero le quedan por delante las terapias de recuperación. Sus hijos no saben cómo afrontar una deuda que les resulta imposible de pagar. Y es que el acuerdo entre el gobierno y las clínicas privadas para aplicar una tarifa plana de 55 mil soles a los pacientes ingresados en sus instalaciones no contempla que esa medida pueda cumplirse de manera retroactiva.

José Luis Tovar aportó durante más de 30 años al seguro social, pero a mediados de abril, cuando su hijo Pablo lo llevó de emergencia, primero al Hospital Rebagliati y luego al Sabogal, le dijeron que no lo podían atender porque no había camas disponibles. La familia, desesperada, lo condujo a la clínica San Felipe, donde, previo pago de 15,000 soles, quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"A los 15 días, la cuenta salía algo de 150,000 soles. Nosotros pedimos que lo transfirieran  a un hospital de ESSALUD, pero estando en UCI, con ventilación mecánica y con los hospitales colapsados, era imposible conseguir una cama. Cuando llamábamos a ESSALUD nos decían que todo estaba ocupado", dice Pablo Tovar, el mayor de los tres hijos de José Luis.

Pablo Tovar muestra las facturas, asi el 50% de los cobros son por concepto de medicinas. "Los medicamentos son alrededor de 300.000 soles. El paracetamol de un gramo, inyectable, nos salió 264 cada uno, cuando en el observatorio de precios de la Digemid el costo llega a los 46 soles", se queja Tovar.

La familia de José Luis sólo ha logrado  recolectar 50,000  soles, entre préstamos y ahorros. No pueden destinarlo todo al pago de la cuenta de la clínica porque deben pagar también las terapias fisicas y psicológicas de su padre, hoy incapaz de ponerse en pie.

"Hemos tenido que comprar un balón de oxígeno por casi 5,000 soles porque el médico nos dijo que podría haber alguna crisis respiratoria y lo mejor era estar preparados", dice Pablo Tovar, médico farmacéutico y dueño de una botica en San Martín de Porres. La familia Tovar espera que EsSalud cubra los gastos, pero desde la entidad le responden con un riguroso silencio.

El pasado 24 de junio el gobierno firmó un "acta de acuerdo" con las clínicas privadas para las tarifas que podrán cobrar a los pacientes. Uno de los puntos del consenso apuntaba a "revisar" las facturas de los pacientes que habían atendido desde que empezó la pandemia. Un día después, el jueves 25,  el ministro de Salud admitió que no había nada claro al respecto.

"El objetivo es que no asuman la deuda (los pacientes), pero tenemos que ver que esto sea ajustado a la ley y por eso hemos sido cautos. No quiero generar una expectativa que pueda chocar con una ley que me lo impida", dijo Víctor Zamora en RPP. "En tanto no haya algo concreto, va a haber personas que van a seguir endeudadas", dice la abogada Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. Abanto añade que el acuerdo llega  tarde  y advierte que desde el mes pasado están solicitando a SUSALUD los tarifarios de los servicios de las clínicas.

CALVARIO EN SAN PABLO

Susy Medina ya no tiene más muebles que vender.  La sala de estar está vacía. La mujer empezó a vender sus cosas para poder pagar la cuenta de 201,968 soles que le ha llegado por los primeros 18 días que su esposo, Eusebio Castillo, lleva internado en la clínica San Pablo. Y aún no sabe cuándo le podrán dar el alta.

Medina cuenta que la Colina San Pablo fue el único centro médico en donde encontró una cama para ingresar a su esposo el pasado 1 de junio. Aquel día su marido, empleado de una ferretería y asegurado de EsSalud, empezó a ahogarse de repente. Tras una larga peregrinación por los hospitales del seguro social, el matrimonio  terminó  en esta clínica de Surco. Para admitir su internamiento, le pidieron 40,000 soles por adelantado. Castillo tenía ese dinero en sus tarjetas. "Pero esa plata no es de él", dice Medina, sin dar más explicaciones.

Luego de cuatro días en emergencia, el paciente pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos. La oficína de admisión le advirtió que la tarifa diaria rondaría los 10,000 soles. Medina, entonces, solicitó  que lo transfirieran  a un hospital. Me dijeron que tenía que llevar un documento  de cualquier hospital acreditando  que tiene cama UCI. Fue imposible", dice la mujer, madre de dos hijos de cuatro y 12 años.

Susy Medina se ha despojado de muebles, dos televisores y dos computadoras, y ha tenido que pedir préstamos a amigos y familiares. Ha logrado recolectar 50,000 soles para pagar parte de la cuenta. "El 20 de junio mi esposo pasó a una cama de hospitalización y estoy a la espera de ver las nuevas facturas", dice Johan   Vílchez   Hurtado   (42) todavía  está sufriendo las secuelas de su paso por la UCI. Estuvo internado en la clinica San Pablo durante 66  días.  Hoy  padece  de "delirio de paciente crítico" y está, temporalmente, postrado en  una silla de ruedas. "Es como un bebé al que hay que bañarlo  y darle  de comer. Nosotros vamos a asumir la recuperación de mi hermano, pero no tenemos dinero para pagar lo que la clínica nos pide", dice su hermana, la periodista Cris Vílchez. La cuenta le llegó a la familia Vílchez el pasado 19 de junio. En total  son 465,437 soles, de los cuales sólo han podido pagar S/.130,000.

"Mi  hermano fue  a  la  clínica luego de que el 113 no fuera a tomarle  la prueba,  de que el 106 no respondiera, de que los hospitales le dijeran  que no había  camas  de hospitalización. Mi hermano lo único que hizo fue salvar su vida", dice Cris Vílchez.

A los pocos  días de ser hospitalizado,  las hermanas de Vílchez tramitaron un  seguro  integral de salud para él. "Entonces le dijimos a la clínica que mi hermano estaba afiliado al SIS y que, por favor, consulten si el seguro puede cubrir los gastos. Nos indicaron que ellos no tenían  convenio con el SIS", comenta  la periodista.

El 16 de junio  Cris Vílchez decidió compartir su caso en redes sociales. Al día siguiente,  le informaron que su hermano iba a salir de alta y que el gerente de la clínica quería hablar con su familia para hacer un "reajuste" en la cuenta. "Aplicaron un descuento de 100,000 soles y eso era supuestamente 'un apoyo solidario' de la clínica. La condición para el descuento es que firmemos un pagaré en un plazo de 48 horas, pero no hemos firmado.  He consultado con un abogado y es probable que nos demanden", dice la periodista.

La familia de José Alfredo Gaitán Sánchez (40) recibe cada dos o tres días mensajes del área de cobranzas de la  clínica San Pablo.  El 28 de mayo,  por ejemplo,  recibieron uno que decía: "Como te dije hace unos  días,  necesitamos un abono urgente. Ya la cuenta está pendiente en 98,000 soles. Mi gerencia ya está preocupada. Si no, por favor, buscar una cama en un hospital".

Tres días después  de este mensaje, Gaitán, internado en la clínica desde el 13 de mayo, falleció en una cama  de cuidados  intensivos. Y la factura  que le llegó a la familia por dos semanas y media  de internamiento  llegó a 220,000 soles.

Gaitán también era asegurado de EsSalud. La noche que se puso grave, sus hermanos y cuñadas buscaron por todo Lima alguna  cama en los nosocomios del seguro social. Pero no consiguieron plaza. Desesperados, fueron a la clínica San Pablo. "En un momento así uno sólo piensa en salvar a su familiar", dice Melissa Zamudio,  su cuñada,  que días después pidió que se tramite su traslado a un hospital  de EsSalud. "Cuando yo llamé a EsSalud, me dijeron que la clínica tenía que hacer ese trámite. Y en la clínica me dijeron que ellos no tramitaban nada", recuerda Zamudio.

Las probabilidades de que José Luis sobreviviera eran  bajas.  Los doctores detectaron que,  además del coronavirus, tenía un pulmón más pequeño que el otro, un mal­ de formación congénita.

Conforme  pasaban los días,  la clínica los fue presionando para que pagaran. En casa de los Gaitán, la situación era caótica. La esposa de José  acababa de recibir  la noticia de que en su trabajo le aplicarían  la suspensión perfecta. Su hermano, Erick, y su cuñada,  Melissa Zamudio, acababan  de salir de un cuadro leve de covid-19.

El primero de junio la muerte de José Alfredo los agarró buscando el dinero para  cubrir  los gastos. Y la clínica puso como condición para el retiro del cuerpo  ­dice la familia­ el pago de la facturación: 220,000 soles. Al día siguiente el hermano de José reunió, gracias a préstamos de amigos y familiares,  70,000. Y ese  mísmo  día  lo  enterraron.  La clínica, tras  una  renegociación de la factura, les hizo un descuento de 20 mil soles. "Ahora debemos pagar un monto de 8,000 soles cada mes. Pero nuestros sueldos  no llegan a los 2,000 soles", dice Erick Gaitán, hermano de José.

'Yo pensé que el seguro iba a cubrir todo el tratamiento", dice Lady Pérez, hija de William Pérez Gutarra (60), un comerciante de insumos de cocina que enfermó de covíd­19 a inicios de mayo y que llevaba dos años pagando el seguro privado que ofrece la clínica San Pablo. Por eso, cuando  el patriarca de la familia se enfermó,  fueron   directamente  a este centro de salud. La factura  les llegó el 19 de junio,  el mismo  día que le comunicaron que su padre había fallecido. El monto asciende a 300,000 soles.

Cuando llegaron a emergencias, la noche  del 5 de mayo, su padre parecía estable. A los ocho días, sin embargo,  su cuadro  se agravó  de pronto. "Mi papá estuvo la primera semana en una cama de hospitalización. Pero de repente, en ocho días, su cuadro  se agravó, tenía más del 90% del pulmón  comprometido", dice Lady Pérez. William Pérez falleció después de 45 días en la Unidad  de Cuidados Intensivos. Cuando la familia recibió la factura,  solicitó una  refinanciación. Y la clínica aceptó una rebaja de 40,000 soles. "Son 160,000 so­ les que debemos pagar  en cuotas de 6,000 mensuales. Es un dinero que no tenemos", dice Lady Pérez, cajera en un banco y con un sueldo que ronda  los 1,590 soles.

Por JULIO ROSPIGLIOSI

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ELIGE A DEDO UNA EMPRESA PARA LA COMPRA DE LAS TABLETS PROMETIDAS

"'Dos hojas del informe de la ContralContraloríaria en relación  a la compra y la empresa elegida: resulta que en mayo suspen­dió perfectamente a sus 20 trabajadores.

El gobierno pretende comprar 1'056,430 tablets para fines de julio.

El problema   es que la Contraloría ha señalado que "TOPSALE S.A.C no está en capacidad de cumplir un contrato de tales dimensiones.

El miércoles  24, durante una  conferencia en Palacio   de  Gobierno, el ministro de Educación,  Martín   Benavides, anunció  al país que el proceso de adquisición de las tablets para los alumnos y profesores de bajos recursos estaba  en la etapa  final.

Pepito  Grillo, al parecer, también está en cuarentena. Lo cierto es que el proceso de licitación  fracasó  en dos ocasiones  y, finalmente, el 19 de junio se salió del cauce eligiendo a dedo a una empresa. Sin embargo, todavía no hay contrato firmado. "Estamos ultimando detalles de los costos", dijo a esta publicación un vocero  de la oficina de prensa del Ministerio de Educación. Y no es la única  mala  noticia  sobre las mentadas tablets.

Un informe  de carácter reservado  que  la Contraloría envió  al Ministerio  de Educación la sema­ na pasada advierte que el proyecto podría  ser un fracaso.

El documento, entregado a esta revista por un alto funcionario del MINEDU, está dirigido  a la viceministra de Gestión Pedagógica, Diana  Marchena Palacios.  El informe sostiene,  entre  otras  cosas, que se contempla pagar  servicios de intemet para tablets que se utilizarán en poblados donde ninguna empresa de telecomunicación tiene cobertura de red.

La auditoria  de  la  Contralo­ría también señala  que el jefe del equipo que lideró las dos licitaciones que fracasaron no tenía la preparación que requería el cargo.

Tal como lo contó este semanario en una edición anterior, el pasado   19  de  abril  el gobierno emitió  un decreto  legislativo que ordenaba la compra de 1'056,430 tablets, 200,000  cargadores  solares  y  medio   millón  de  planes de  datos para  90,137  profesores y 966,293  estudiantes de escuelas rurales  y colegios  situados en las periferias  de  las  zonas  urbanas. El presupuesto para   la compra asciende  a 930  millones  de soles y el cronograma señalaba  que  la distribución  comenzaría a inicios de julio.

El primer error del  MINEDU fue invitar a empresas extranjeras para  que  participaran en  el con­curso  de adjudicación cuando  las fronteras  estaban  cerradas a  cal y canto. El intento de adquirir las tablets fracasó antes de ponerse en marcha.

"Nosotros conversamos con el MINEDU  para  preguntarles por las tablets.  Nos  dijeron  que  iban a contactar a empresas de afuera pues  aquí no había  nadie  con capacidad   para  asegurar el  millón de equipos  que se quería adquirir.

También nos  dijeron  que  en  un mes estaría  el tema  resuelto,  pero ya vamos  dos meses y no ha ocurrido  nada",  insiste  Lucio Castro Chipana,  secretario general  del SUTEP.

Tras el fracaso del primer intento, la cartera de Martín  Benavides puso  en marcha un forzado  plan "B" y buscó  empresas nacionales. El pasado  7 de jumo el MINEDU convocó  formalmente  el proceso de  licitación  para  la  adquisición de  tablets  y  demás   dispositivos y anunció  un  cambio  en la fecha para  distribuirlos.  La distribución ya no sería la primera semana de julio sino a finales de mes.

Cincuenta y seis empresas respondieron a la convocatoria del MINEDU. El problema fue que en las invitaciones "no se había determinado “identificado los criterios o requisitos de evaluación del postor, tales como la capacidad técnica y la experiencia", señala el informe de la Contraloría.

De todos los candidatos, el MINEDU eligió a la empresa ''TOPSALE S.AC." a pesar  de que pidió 60 millones de soles adicionales  al presupuesto establecido.  La compañía le pertenece a la empresaria Elba Ramírez  Romero.  El equipo de peritos de la Contraloría advirtió que dicha compañía no tiene capacidad para cumplir con un contrato de tales dimensiones.

"A la fecha (TOPSALE) cuenta con un capital social de S/. 10'200,140, y sobre las adjudicaciones obtenidas  en  los últimos  cinco  años  el mayor monto  contratado fue  de S/.13'000,000", dice el documento. Los auditores de la Contraloría también subrayaron que el mes pasado la dueña  de la empresa había solicitado  acogerse a la medida de la suspensión perfecta para los 20 trabajadores con los que contaba. "Lo anteriormente señalado genera un riesgo para la entidad, toda vez que la decisión de contratación podría realizarse con postores que no evidenciarían capacidad técnica o experiencia que permita garantizar el cumplimiento del proceso de adquisición", concluyeron.

El Ministerio de Educación, tras recoger  la advertencia de la Con­traloría sobre ''TOPSALE  S.AC.", convocó  a  un  segundo   concurso con otras  empresas, pero volvió a ser un fracaso  rotundo.

Entonces hubo un cambio de planes, se cambió el concurso público por una adjudicación directa  y se insistió  en ''TOPSALE" para que se encargara de la compra.

La Contraloría señala  que  no fue la única metida de pata del MINEDU. La cartera de Benavides también planea  pagar  por planes de internet para  las tablets en lugares donde  ningún  proveedor de telecomunicaciones ha llevado  su señal hasta ahora. Al respecto, Telefónica advirtió que esta situación se repite en una quinta parte  de los centros  poblados de todo el país.

Por ejemplo,  a Huayllabamba (Cusca)   se  planeaba   enviar   119 tablets, a Pucapampa (Huancave­ lica) 74, a Pakui (Amazonas) 48 y a San Matías (lea) 14. "Lo expuesto conllevaría el riesgo de contratar y desembolsar por servicios  que no serían prestados por ningún operador de comunicaciones", señala el informe.

Sobre  este  asunto,  un vocero   del    MINEDU reconoce que eso es cierto,  pero con matices.  "La información   que   manejamos  sobre estos centros poblados    puede    cambiar con  el tiempo   y es  pasible de ser actualizada durante la ejecución  del servicio", dice el funcionario.

La Contraloría también puso en la mira al responsable del proceso, CARLOS FONSECA OLIVEIRA, JEFE DE LA  UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS  EDUCATIVOS. Al respecto, el informe señala  que Fonseca  no está acreditado ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado   (OSCE),  requisito   indispensable para ocupar  el puesto. A ello se suma que Fonseca es gerente general de "LICITA PERÚ S.AC.", una   consultora  especializada  en asesorar a empresas privadas que quieren  contratar con el Estado  y, también, a instituciones del Estado. En los últimos  cuatro  años la empresa de  Fonseca  facturó   S/. 100,000 a entidades públicas. "Este  gobierno  no  está  cumpliendo  sus promesas. Este proceso tiene para alargarse hasta agosto o setiembre", dice Lucio Castro.

Mientras tanto, cerca de un millón y medio  de estudiantes en todo  el país todavía  sigue sin acceso a algún programa remoto de aprendizaje.

En  un  intento por calmar las aguas,  el gobierno  decidió que un grupo de estudiantes y profesores de escuelas  rurales  regresaran  a clases presenciales.  El pasado  17 de junio la Agencia Andina informó que el ministro Benavides había autorizado clases presenciales a partir del 1 de julio "en colegios con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad". De acuerdo a las órdenes del Ejecutivo son 7,431 colegios los que volverían a abrir sus puertas.

La noticia ha caído como una bomba en el magisterio. Los maestros que tendrán que retornar a las aulas aseguran que en los colegios del ámbito rural es imposible cumplir con varias de las condiciones de prevención sanitaria que, en el papel, exige el MINEDU.

El profesor Winston Reyes, de 45 años, está en la lista de los profesores que deberán impartir clases a partir del 1 de julio. Reyes, quien cumple cuarentena en Cañete, deberá viajar a la comunidad de Villasol, al sur de Yauyos, para reabrir el colegio 209565. Además de ser el único docente de esta escuela y el director  del centro  educativo, también hace las veces de personal de limpieza. Reyes enseña a once alumnos  de todos los grados de primaria. "Esto no va a funcionar porque los tecnócratas del ministerio no conocen la realidad de esos lugares y plantean cosas inviables. Cuando nos enteramos que Yauyos era uno delos lugares elegidos para el retorno a clases, mis colegas y yo nos preocupamos mucho. El 85% de los 1,050 maestros que trabajan allá no vivimos en la provincia sino en Lima, Cañete, Chincha y Huancayo. Todos tendríamos que viajar a provincias", dice.

"Piden que los maestros se tomen pruebas de descarte cuando no tenemos  dinero para  eso, pi­ den limpieza y medidas sanitaria cuando los colegios rurales no tienen baños y no hay agua potable. Si las comunidades  en las alturas de Yauyos comienzan a contagiarse estarán condenadas porque las postas allá están totalmente desabastecidas, no cuentan ni con balones de oxígeno", denuncia.

Elías Bravo, de 49 años, es maestro y dirigente del SUTEP en la provincia de Antonio Raimondi, el único distrito en Áncash "aprobado" para el retorno a las aulas. "Esta provincia está a ocho horas de Huaraz. Aquí hay 650 profesores, 2,000  alumnos y 113 centros educativos.  El 96% de  estos  no tienen  servicios básicos", señala Bravo.  El profesor  dice que oficialmente no hay contagiados en la provincia pero la decisión del Ejecutivo podría cambiar radicalmente la situación.

"En esas zonas no hay agua, ni desagüe, ni energía eléctrica. Primero el gobierno debería atender esas necesidades básicas. Hemos pedido que retrocedan  en esa decisión porque  no  queremos  ser responsables  de más contagios y muertes", dice. Bravo y sus colegas creen que la nueva disposición del MINEDU se debe a que el Ejecutivo no va a cumplir con la entrega de las tablets. "Obviamente si han dictado esta medida es que no van a cumplir con sus compromisos", cuenta.

Por RICARDO VELAZCO

REACTIVACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL TRAS LA CUARENTENA

LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEBERA CUMPLIR EL PROTOCOLO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL ESTABLECIDO PARA NO CONTAGIAR EL COVID19

 EL DE ROJO ES EL QUE LLEVA EL COVID19 Y CONTAGIA

EL DE ROJO ES EL QUE LLEVA EL COVID19 Y CONTAGIA

EL CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS SE DA EN EL TRANSPORTE PUBLICO, PORQUE EN LA MAYORÍA DE VECES NO SE CUMPLE CON EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE UN METRO, Y NO GARANTIZAN LA BIOSEGURIDAD A SUS PASAJEROS.

LOS MOTOTAXIS EL CONTAGIO ES SEGURO, PORQUE NO SE CUMPLE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ES DE MENOS DE UN METROS.

EL DE ROJO ES EL QUE LLEVA EL COVID19 Y CONTAGIA

LAS COMBIS ASESINAS AHORA SE LLAMARÁN COMBIS DE LA MUERTE POR COVID19.

EL DE ROJO ES EL QUE LLEVA EL COVID19 Y CONTAGIA

LOS TAXIS, TAXI COLECTIVOS 

NOTA: LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE CUMPLAN EL PROTOCOLO DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LA BIOSEGURIDAD ESTAN EXENTAS DE ESTE ARTICULO.

SE OLVIDARON DEL PROTOCOLO PARA EL COVID19 Y EMPEZO CONTAGIO MORTAL DEL VRUS

Choferes y cobradores de dos buses de transporte público de la línea C de la empresa Nuevo Perú, que recorre la ruta Pachacamac – Puente Piedra, se ensartaron a golpes por disputarse los pasajeros, incluso se amenazaron a muerte. Toda la escena ocurrió en plena Panamericana Norte, muy cerca al paradero, frente a los pasajeros quienes miraban sorprendidos la bochornosa escena.

MEDIO AMBIENTE Y COVID-19: PANDEMIA PODRÍA AGRAVAR CRISIS CLIMÁTICA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente para crear conciencia sobre temas ambientales en la población. Que hoy vive la pandemia del Covid-19, que ha causado miles de muertos, inestabilidad económica y un cambio en nuestro estilo de vida.

Al respecto, Óscar Aguinaga, profesor de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, comentó que los estragos de la crisis climática son tan impactantes o incluso, aún más severos que el daño que viene causando el Covid​-19. A continuación describe cinco detalles comparativos que quizás no sabías sobre ambas crisis.

1-       PÉRDIDAS HUMANAS

Desde que el Covid-19 apareció el año pasado, ha matado a más de 300 mil personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los daños en la salud por la contaminación del aire generan 9 millones de muertes al año en el mundo. A esa cifra hay que adicionarle las 485 mil muertes al año por el consumo de agua contaminada en el mundo.

2-       RECUPERACIÓN ECONÓMICA.

Terminada la pandemia, el mundo entrará en una recuperación económica. ¿Pero qué pasará con el medio ambiente? Para tener una idea, podemos comparar las circunstancias actuales con la crisis económica del 2008. Durante ese año, las negociaciones para mitigar el cambio climático fueron suspendidas y muchos países flexibilizaron sus regulaciones ambientales para beneficiar a diferentes industrias. Si ocurriese lo mismo durante la recuperación de la economía luego del coronavirus, hay  riesgo de tener mayores emisiones y empeorar la calidad del medio ambiente. Sin duda, el país debería evitar que la urgencia de reactivar la economía no tenga como víctima al medio ambiente.

3-       ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN:

¿TENEMOS UNA ESTRATEGIA CLARA Y DE FÁCIL APLICACIÓN PARA ATENUAR LA PANDEMIA?

Sí, lavarse las manos y el distanciamiento social

¿QUÉ SOLUCIÓN ESPERAMOS OBTENER PARA PONER FIN A LA PANDEMIA?

Una vacuna, pero no pasa lo mismo con la crisis climática. No hay una vacuna o distanciamiento social para resolver esta crisis.

4-       CONCIENCIA Y CAMBIO EN EL ESTILO DE VIDA

Las medidas contra la pandemia han generado que la mayoría de los gobiernos establezcan cuarentenas obligatorias o voluntarias, lo cual impulsó que aproximadamente la mitad de la población mundial (3,900 millones de personas) esté en sus hogares. ¿CUÁNTAS PERSONAS ESTÁN DISPUESTAS A CAMBIAR SU ESTILO DE VIDA PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA?

5-       ¿QUÉ ES LO QUE DEBEMOS ENTENDER?

El surgimiento de este nuevo virus también está relacionado con el deterioro del medio ambiente. La forma en que los humanos destruyen el hábitat de la vida silvestre permite que las enfermedades pasen de animales a humanos y esto ha generado el 75% de las infecciones emergentes en todo el mundo.

Finalmente, el especialista señala que, si pensamos en una recuperación económica, los paquetes de reactivación deben estar acompañados con regulaciones a favor del cuidado ambiental y con el fomento de tecnología menos dependiente de combustibles fósiles.