El Poder Ejecutivo, a través del
Consejo de Ministros, aprobó en la víspera una propuesta de reforma electoral y
de los partidos políticos, la cual, fue trabajada en coordinación con la
bancada de Peruanos por el Kambio (PPK). Esta iniciativa, se suma a las
presentadas ante el Congreso por el Jurado Nacional de Elecciones y
Transparencia. A continuación el texto completo:
Lo presentado, busca reducir al
mínimo la posibilidad de que tengamos más autoridades corruptas, que se filtre
dinero ilícito en las campañas electorales y que se pueda fortalecer los
partidos políticos para el bien de la representatividad que esperan los
ciudadanos.
Sobre
transparencia de los candidatos:
El consenso en todas las propuestas en que las
listas de candidatos de todos los partidos sea conformada a partir de
elecciones internas organizadas y supervisadas por la ONPE, Reniec y el Jurado
Nacional de Elecciones. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó lo
siguiente:
1. Desde que un ciudadano decide ser candidato a las elecciones internas de
un partido, autoriza inmediatamente a la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF)
a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil. Esta autorización de
acceso se mantiene en caso el candidato participe finalmente en el proceso
electoral. Y si es elegido, la autorización para conocer su secreto bancario,
tributario y bursátil se mantenga hasta dos años después de culminado su
mandato. Si la UIF detecta irregularidades las comunica al JNE para que tome
las medidas que resulten pertinentes.
Esta medida es la más importante para desincentivar la participación de
corruptos en la campaña del 2018 así como para frenar la entrada de dinero
ilícito. Necesitamos conocer la ruta del dinero para reducir al máximo la
posibilidad de que se presenten y sean elegidas autoridades cuya motivación es
aprovecharse del Estado, es decir, de todos los peruanos.
2. También se aprobó exigir que los candidatos deben incluir en su hoja de
vida información económica sobre patrimonio, ingresos, impuestos, acciones,
sociedades y procesos judiciales abiertos. Hoy solo se exige a los candidatos
la presentación de información sobre bienes y rentas.
3. Asimismo, para luchar contra el lavado de activos, se ha aprobado
incluir a los partidos políticos como entidades obligadas a reportar
operaciones sospechosas de acuerdo con las normas de la UIF.
4. Considerando que los gastos en publicidad en medios masivos representan
alrededor del 70% del costo de las campañas electorales, los medios de
comunicación a nivel nacional deberán informar sobre los contratos de
publicidad que celebren con los partidos políticos o con los candidatos, dentro
de los siete días hábiles seguidos a la celebración del contrato.
Sobre el
financiamiento:
1. Se exigirá que todo aporte mayor a una UIT sea bancarizado. El
incumplimiento da lugar al retiro de la contienda electoral o cancelación del
registro de organizaciones políticas.
2. Se prohíben los aportes anónimos. Se propone que el incumplimiento de
esta obligación puede dar lugar al retiro de la contienda electoral y/o
cancelación del registro de organizaciones políticas.
3. Las actividades proselitistas solo podrán llegar a ser el 10% de los
ingresos anuales de las agrupaciones políticas.
4. A los partidos políticos que no presentan algún informe financiero, se
les cancelará el registro de organizaciones políticas.
5. En el caso de presentaciones de informes incompletos o con defectos, si
se produce en tres ocasiones en un plazo de 5 años, da lugar también a la
cancelación.
6. Cada incumplimiento defectuoso o informe incompleto puede dar lugar a
otras sanciones menores pero si se llega a 3 en 5 años, la sanción es
cancelación del registro. Las demás sanciones las define la ONPE en un
reglamento de infracciones y sanciones.
7. En época electoral aplica la misma regla. Si se cancela registro, se
retira de contienda.
8. Asimismo, se busca sincerar los aportes reales de las personas naturales
y jurídicas a las campañas electorales, para lo que se propone elevar el monto
máximo de aporte por una persona, natural o jurídica, a 200 UIT.
Sobre los
aportantes:
1.
Se prohíbe los aportes de
gobiernos extranjeros y el de las personas jurídicas que tengan menos de tres
años de domiciliadas en el país, así como el de los ciudadanos y personas
jurídicas condenados por delitos graves. Nuevamente, el incumplimiento de esta
obligación puede dar lugar a retiro de la contienda electoral, suspensión o
cancelación del registro de organizaciones políticas.
Requisitos para mantener
registro de organización política:
1. Se exigirá a los partidos
nacionales participar de todos los procesos electorales, y cuando menos del 40%
de las regiones el 2018, 60% el 2022 y 80% el 2026.
2.
Asimismo, los movimientos
regionales deberán presentarse en al menos el 60% de los municipios de cada
región. Y solo en 40% si deciden llegar a dos o más regiones.
3.
Para contar con alianzas
electorales más sólidas, y que no sean solo un vehículo para la subsistencia de
la inscripción electoral, se aumentará la valla electoral para el caso de
alianzas electorales, debiendo sumarse 2% por cada partido aliado.
4.
Los partidos políticos en
Alianza que no obtengan representación parlamentaria, perderán su inscripción.
Estos requisitos representan una exigencia adicional para los partidos que es
necesaria y que resulta vital para que se fortalezcan. De no cumplirla, se
cancela el registro de organizaciones políticas. La misma sanción se planteará
para el retiro de un candidato presidencial en plena contienda electoral. Ahora
bien, necesitamos también mecanismos de renovación, e incluso mecanismos para
que aquellos partidos que por alguna razón sean retirados del registro de
organizaciones políticas, puedan reincorporarse al sistema si así lo deseasen.
5.
En este sentido, con el fin de
contar con una adecuada renovación de las agrupaciones políticas, se aprobó
reducir a 1% del padrón electoral las firmas necesarias para la inscripción de
agrupaciones políticas, es decir, 175,000 firmas. Hoy se exige el 4%.
6.
De otro lado, se fortalecerá la
democracia interna en los partidos políticos. Para ello, exigiremos que la
elección de todos los candidatos a cargos de representación popular deba ser
necesariamente a través de elecciones primarias cerradas con doble voto
preferencial. Podrán ser abiertas si el órgano máximo del partido así lo
decide. En este caso, los ciudadanos podrán participar en una sola elección
interna. Para que sean válidas se requerirá que participe cuando menos el 50%
de militantes.
7.
Las elecciones internas deben
ser organizadas y supervisadas obligatoriamente por la ONPE, RENIEC y JNE.
8.
Se aprobó elevar la cuota de
género a 50% desde las elecciones de 2018 en adelante y exigir la alternancia
cuando menos en la primera mitad de la lista a presentarse a las elecciones.
Prohibición de postulaciones:
1.
No podrán ser candidatos a
ningún cargo de elección popular las personas condenadas por delitos graves
(terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción, homicidio, secuestro,
delitos contra la humanidad, violación de la libertad sexual, o delitos dolosos
contra el Estado y la Administración Pública).
Bicameralidad
Se mantiene el total de 130
congresistas, pero se propone dividirlos en dos Cámaras:
1.
La de Diputados tendrá 100
miembros, elegidos en listas cerradas y bloqueadas, que representarán a las
regiones. Tendrán los mismos requisitos que los congresistas actuales.
2.
La segunda será un Senado de 30
miembros, con una edad mínima de 45 años, a dedicación exclusiva. Será elegido
por distrito único a nivel nacional.
Sobre los procesos electorales:
1.
Se elimina el voto
preferencial, madre de muchos de los problemas que vemos hoy en día, como los
favoritismos o que sea el dinero la variable que determine quién puede o no ser
candidato. Si no eliminamos el voto preferencial, no podremos contar con
partidos políticos serios y verdaderamente democráticos. Lamentablemente,
aunque hay consenso entre los especialistas en la necesidad de esta medida,
esta corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso. Se necesita a la
ciudadanía comprometida con esta medida.
2.
El gobierno hará un esfuerzo
por llegar con mesas de votación a todo el Perú. En aquellos lugares en los que
no logré hacerlo, no se impondrán multas a quienes no voten.
3.
Se permitirá la publicación de
encuestas hasta un día antes de la votación.
