Las APP, las PPP y los cambios de
estrategias capitalistas
Los barones globales del dinero andan
con problemas. El nuevo gobierno con el acuerdo de la “oposición” ya les
resolvió uno: pagó a los célebres buitres, sigue pagando serialmente los
intereses y sigue emitiendo deuda soberana con tasas olímpicas. Y un perdón
fiscal no pensado precisamente para los fondos ocultos en Villa Soldati.
Hasta que lleguen las inversiones,
dicen.
El 8 de junio el Ministro Frigerio
confirmó el envío al Congreso del proyecto de Participación Público Privada
durante el 14° Foro de Liderazgo en Infraestructura.
El 30 de ese mes Marval, O’Farrell
& Mairal celebró el acontecimiento. Se trata del estudio de abogados más
grande de la Argentina especialista en transacciones financieras
internacionales, particularmente en energía y recursos naturales, tiene oficina
en Nueva York.
Capitales sin destino a la vista.
Pues bien, los fondos de inversión,
los fondos de riesgo, son demasiados. Sobreabundan, hay hiperliquidez. Y, a la
vez hay saturación de deuda, no solamente de los países llamados emergentes.
China, ahora potencia capitalista en todos los órdenes, tiene una deuda del
248% sobre su PBI y, a la vez, fondos privados de inversión por 3,5 billones de
dólares. La economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas:
inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad.
La economía de la deuda, la
ingeniería financiera de los futuros y derivados, parece haber tocado techo.
Los resonantes cambios tecnológicos con sus innovaciones y la economía
colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen suficientes
para reactivar la economía productiva como lugar en que puedan alojarse los
grandes flujos de capitales líquidos.
Ni las tasas negativas del Banco
Central Europeo, ni la reducida tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos,
cuyo anunciado aumento está congelado, ha derivado fondos hacia la producción.
La baja de las materias primas y todos los commodities ha dejado sin piso a
muchos negocios financieros y a las economías de América Latina.
Los fondos, buitres y palomos, acusan
temor y no hallan lugares mínimamente seguros para amarrar.
La consigna es, entonces, inducir a
los gobiernos, que ya se han transformado en simples gestores de endeudamiento
y recaudación, a asegurar, apalancar inversiones con obras de infraestructura
ofreciéndolas como garantías.
Krugman: endéudense.
La consigna de los vendedores de
capital a los Estados es endéudense. Así lo aconsejó el premio Nobel Krugman al
próximo gobierno estadounidense. A la potencia más endeudada del mundo con
déficits fiscal y comercial ingobernable. Asesor de la escandalosa Enron y de
Ronald Reagan, otrora autor de los mayores elogios a Piketty, centinela de la
gobernabilidad. La desigualdad extrema es peligrosa.
Hay que ponerse en el lugar de estos
señores, sus capitales están ociosos, la pirámide de deudas se constituye sobre
la base de activos intangibles, cuyo valor es convencional o producto de las
expectativas de ganancias. Si comienzan a caer, el efecto es de dominó, como
fue el de las hipotecas subprime en Estados Unidos y no se sabe si esta vez se
podrán socializar las pérdidas.
“¿Por qué no nos endeudamos e
invertimos?” Pregunta el Nobel. “Lo que más necesitamos es aumentar fuertemente
la inversión pública en todo, desde energía o transporte hasta el tratamiento
de aguas residuales”. Vale decir, infraestructura.
Después, a largo plazo, las deudas se
pagarán solas: endeudarse en infraestructura significará más ingresos fiscales
(“Estos ingresos adicionales probablemente serían más abultados que cualquier
suba en los pagos de intereses futuros”), generará empleos (Hay que tomar en
cuenta “el papel potencial de la inversión pública en la creación de empleos”)
y lo más importante “ofrecería una valiosa garantía contra posibles sacudones
futuros”.
Hasta acá el vocero ofreciendo la
mercancía capital.
El problema es político.
El Financial Times publicó el año
pasado un artículo de John Authers: Hace falta un billón en inversiones para
infraestructuras. Dice: “Está claro que los inversores privados tienen apetito
por las infraestructuras”; una encuesta realizada a los grandes fondos de
pensiones arrojó que muchos tenían previsto incrementar allí sus inversiones
“más que en capital de riesgo, los hedge funds o la mayoría de los activos.
Pero esa inversión conlleva un riesgo en la falta de garantías, especialmente
en los mercados emergentes. Pero “para los gobiernos […] representa un dilema
político básico: hacer que los ciudadanos paguen por algo que antes era
gratuito es impopular”. Las tarifas, claro. Después está el tema de que se
tarda mucho más tiempo en finalizar un proyecto que lo que dura una legislatura
de un gobierno democrático. “Es realmente un problema de política pública. Si
hubiera un marco financiero y fiscal sostenible los inversores aportarían el
dinero para los proyecto enseguida”. Para la gestora de activos BlackRock una
solución sería “eliminar los intermediarios y gestionar los proyectos ellos
mismos”.
Quizá la alternativa sea tener sus
propios “ceo-representantes” en los gobiernos, como parece que está sucediendo
en América Latina.
Infraestructuras.
Inversiones en infraestructuras y
APP, Alianzas Público Privadas, o PPP, Participación Público Privada, son las
palabras claves de la salida que buscan los fondos de inversión.
Esto hace pensar en un cambio de
estrategia con el cual se abandona (en los fondos más fuertes) por demasiado
riesgoso (“posibles sacudones futuros”) para asentarse en garantías más
tangibles, activos públicos con un Estado como asegurador de la renta.
Y no es que lo digan economistas
marxistas o criptomarxistas, lo dicen los propios interesados, las agencias de
negocios y finanzas, que son quienes deciden, y lo adoptan luego los organismos
intergubernamentales.
Después lo repiten también algunos
amigos poco avisados, o no.
Entre estos últimos, llamativamente
un mes antes del envío del proyecto de PPP, Rubén Lo Vuolo (asesor de Carrió y
luego de Stolbizer) en Clarín, que abogó por el rápido pago a los buitres, hizo
una feroz crítica al capital financiero, y Mónica Peralta Ramos, elogiada
oportunamente por Cristina Fernández, por su parte en Página 12, sostuvo que
“el talón de Aquiles de Macri” es el endeudamiento que atenta contra las
inversiones en infraestructuras que son las que generarían el desarrollo que
genera empleo.
La aspiradora, el miedo y nuevas
estrategias.
Daniel Lacalle es un economista
español, asesor de negocios reconocido por Extel Thomson Reuters Survey, una de
las más importantes agencias de negocios financieros, entre los mejores
gestores de fondos. Escribió no hace mucho El 'efecto aspirador': el dinero
local escapa de los mercados emergentes. Decía: “Se estima que la inversión de
capital extranjera hacia los mercados emergentes caiga a […] niveles inferiores
a los de 2008 y 2009, en medio de la crisis. Esta caída de inversión no está
motivada por falta de liquidez, que es más que excesiva por las inyecciones
monetarias de los bancos centrales, ni por altos tipos de interés, con 28
bancos bajando tipos y gran parte de las mayores economías con tipos cero. […]
Es caída de la inversión por saturación de deuda y percepción de riesgo muy
superior a lo que los bancos centrales anuncian. […] nos podemos encontrar con
una enorme cantidad de préstamos que son imposibles de pagar ante un escenario
de crecimiento pobre o recesión”. En suma, sobra liquidez pero hay saturación
de deuda y miedo al riesgo.
“Para Daniel Weston, fundador de
Aimed Capital, «el dinero se está poniendo más defensivo por el riesgo de una
crisis deflacionaria o una recesión en el crecimiento global. Hay muchas
razones para que los inversionistas se alejen del riesgo en estos momentos»”.
Nuevo Poder es una publicación
chilena de corte liberal. Leo: “los inversionistas han decidido realizar un
cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era
lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente
tener su dinero en un lugar seguro”.
Grupo de Alto Nivel de Personas
Eminentes.
El 31 de julio del 2012, el
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon anunció la composición de
su Grupo de Personas Eminentes.
El sector empresarial ha estado
representado por Paul Polman, director ejecutivo de Unilever, y Betty Maina,
directora ejecutiva de la Asociación de Manufactureros de Kenia.
El Grupo de Alto Nivel señala que
consultó a los directores ejecutivos de 250 empresas de 30 países, cuyos
ingresos anuales superan los 8 billones de dólares.
Por otro lado, a principios del 2011,
el Pacto Mundial lanzó una nueva iniciativa con un número selecto de empresas,
el Global Compact LEAD, que cuenta actualmente con 55 participantes, incluidos
Bayer AG, Heineken, Lafarg, Tata, Coca-Cola y Vale.
En 2012 el Secretario General de la
ONU puso en marcha la RSDS, Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable
con veintiún representantes de empresas en su Consejo de Liderazgo que incluye
a la minera Anglo American y al grupo financiero Citigroup.
Las personas eminentes que asesoran a
las Naciones Unidas son los ceos de las empresas y las finanzas. La función de
la organización mundial es darle cobertura legítima a sus estrategias. Y esta
se llama ahora “paradigma de desarrollo sostenible”.
El desarrollo sostenible.
El Grupo de Alto Nivel de Personas
Eminentes fue el consultado por la UN para elaborar la Agenda de Desarrollo
Post-2015, primero y luego lo fue nuevamente para la Agenda 2030.
Previamente, en diciembre de 2014, el
Banco Mundial publicó la opinión del gerente para América Latina de su
organismo afectado al sector privado, la Corporación Financiera Internacional,
dedicado a las APPs. Decía éste: “América Latina se enfrenta a una
desaceleración económica después de una década de bonanza […]. La situación
ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas,
acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de
los latinoamericanos”. Sostiene que aumentó la relevancia de la inversión de
los fondos en energía, transporte, telecomunicaciones y agua y saneamiento.
“Según los expertos, las dos grandes ventajas de las APP son, primero movilizar
financiamiento privado para que los gobiernos no tengan que recurrir a sus
recursos, a veces escasos sobre todo en épocas de turbulencias económicas; y
segundo, contar con el conocimiento y el manejo gerencial y técnico del sector
privado en proyectos que antes eran gestionados por el sector público”.
Para la Agenda 2015 las eminencias de
alto nivel dijeron: “Las grandes empresas tienen dinero y experiencia para
crear las infraestructuras que permitan a todas las personas conectarse a la
economía moderna […] Se apoya un aumento de flujos financieros mejor dirigidos
en el sector privado; se apoyan los centros de asociación público-privado en el
seno de los distintos países; se fomenta la inversión extranjera directa en los
países en desarrollo…” “La fuente de financiación a largo plazo más importante
será el capital privado, proveniente de los grande fondos de pensiones, fondos
de inversión…”.
El año pasado la UN aprobó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Contó también con la participación del
Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes. En consonancia, la CEPAL, meses
pasados elaboró un Informe para nuestro continente, Horizonte 2030.
Se trata en apariencia de una fuerte
crítica a la financierización. “La mayor presencia e intervención del sector
financiero en distintos ámbitos de la actividad económica ha complicado la
relación entre la actividad real y la financiera. […] la esfera de lo
financiero tiende a primar sobre la esfera de lo real. Esto forma parte de un
proceso de financiarización, definido como la creciente importancia de los
mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras en
el funcionamiento de las economías y sus instituciones de gobernanza, a nivel
nacional e internacional”.
Pero “La creciente desigualdad, la
presión del ajuste externo sobre las economías más débiles y la caída de la
inversión junto con la multiplicación de los activos financieros conforman un
cuadro de incertidumbre y baja demanda agregada […]. Superar este escenario
exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo
a nivel global […] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la
incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los
movimientos especulativos de capital”.
“La inversión en infraestructura
favorece el cambio estructural progresivo orientando hacia la reducción de las
diferencias de productividad entre sectores y empresas de un país, al tiempo
que se fortalecen los vínculos con el exterior y se aprovechan las
oportunidades que ofrece la economía global”.
Finalmente “La trayectoria que
proponemos tiene como condición clave la participación conjunta de los actores
públicos y privados para incentivar la acción colectiva en favor de un nuevo
estilo de desarrollo con aumentos sostenidos de la productividad y la competitividad”.
Vale decir, la arquitectura
financiera se ha vuelto volátil e incierta, alejada de la economía real,
superar la situación es volcar esos activos en bienes públicos, con la
participación conjunta de actores públicos y privados: las APP o PPP, como
prefieren los autores del proyecto presentado al Congreso, siguiendo las siglas
en inglés, Public-Private Partnerships.
La Casa del Altos Estudios.
El año pasado la Casa de Altos
Estudios de la Bolsa de Comercio, que maneja el índice de valores de las
acciones más importantes del país, el célebre Merval, del cual es
vicepresidente Nicolás Caputo, el “hermano” del Presidente Ingeniero Macri,
publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades
e instrumentos” de Ariel José Chirom y Alejandro Gabriel Schachter.
El trabajo sintetiza la mirada de ese
sector. Lo resumiré.
Infraestructuras. La noción de
infraestructura comprende un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e
instalaciones de larga vida útil en los sectores de energía eléctrica,
transporte, telecomunicaciones y agua y saneamiento.
Mecanismos para atraer inversiones
por parte del sector privado. En una APP, el sector privado es contratado por
el sector público a fin de producir un activo público o proveer un servicio. Se
caracteriza por ser una relación de largo plazo entre ambas partes, con riesgos
y retornos “compartidos”.
No se trata sólo de que el sector
privado financie infraestructura, el aspecto clave de este tipo de asociaciones
consiste en que el sector privado gestione la producción o provisión de un
activo o un servicio.
La APP genera que el privado se haga
cargo del proyecto en su totalidad, integrando costos de construcción, diseño,
operación, mantenimiento y reformas. Otorga cierta libertad al privado de
buscar mecanismos y soluciones innovadoras que generen mejoras de eficiencia.
El rol del sector público. Resulta
necesario procurar la generación de incentivos correctos a fin de favorecer la
eficiencia de la inversión privada.
Brindar señales claras a los
inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos serán
cumplidos.
En este marco, se destaca la
relevancia del órgano regulador: el mismo debe ser autónomo y sus directivos
deben actuar con independencia y competencia. Asimismo, este órgano debe contar
con autonomía presupuestaria y administrativa, no debiendo estar sujeto a los
procedimientos generales del sector público. Las características deseadas
tienen como objetivo que el órgano regulador no sea “capturado” por parte de las
empresas reguladas ni tampoco por el gobierno.
Instrumentos para mitigar el riesgo
regulatorio o de política. El riesgo de política debería ser mitigado
principalmente por el sector público, ya que el mismo es el principal
influyente en este último.
Garantías. Ante el elevado nivel de
desconfianza actual del sector privado, se requiere la introducción de
garantías que otorguen tranquilidad al mismo respecto a que el sector público
cumplirá con los contratos firmados. De esta forma se propone el establecimiento
de un fondo de infraestructura de garantías. El mismo debería estar constituido
a partir de activos que sean suficientes para garantizar la confianza del
inversor. El activo ideal como garantía serían bonos del gobierno de largo
plazo.
Una duda por parte del privado podría
ser que si el país se encuentra ante una crisis macroeconómica podría también
ingresar en default esa deuda invalidando así la garantía. En base a esta duda
se recuerda que los bonos soberanos siempre tienen un valor de recupero
(cercano al 30% como mínimo generalmente), por lo que sólo bastaría con ampliar
el monto disponible para garantizar o incluso se podría hedgearlo parcialmente
con seguros contra default.
Una forma de mejorar las garantías
del fondo, sin comprometer más capital, podría ser que esos bonos argentinos
fueran vendidos para comprar otros menos riesgosos. “De esta forma el costo
para el gobierno es sólo el diferencial de tasa de interés”. Es indispensable
que esta garantía se encuentre administrada por alguna sociedad que se
encuentra por fuera del accionar del gobierno en pos de brindar confianza al
inversor. Preferiblemente alguna sociedad extranjera.
Al emitir bonos, emisiones de deuda,
la principal ventaja es la posibilidad de ser demandado por inversores institucionales
(aseguradoras o fondos de pensión), hecho que permite la emisión de deuda a
mediano/largo plazo. Además, en caso de estar adecuadamente estructurados,
poseen el potencial de un mercado secundario que limita la iliquidez de los
mismos.
Los riesgos que garantizaría ese
fondo.
a) Riesgo de demanda: es
particularmente importante para proyectos de transporte o de energía. La
incertidumbre respecto al flujo futuro de ingreso de efectivo.
b) Contratos futuros de demanda
asegurada: garantizar la adquisición de la energía de un porcentaje de la
producción.
c) Garantías de ingreso mínimo: Han
sido utilizadas para garantizar un ingreso mínimo en proyectos de transporte,
especialmente concesiones de rutas.
Traducción.
Podemos señalar aquí algunas cuestiones.
Las infraestructuras mencionadas son
los recursos básicos de cualquier nación, por lo tanto los bienes públicos por
excelencia.
Los mecanismos para atraer
inversiones privadas comprenden y exceden la financiación pues deja en sus
manos los proyectos en su totalidad.
El rol del “sector público”, hasta
aquí personificado en el Estado, es cumplir con sus compromisos, es decir
renunciar a su atributo de, en su caso, rescindir los contratos. La regulación
no queda a cargo suyo sino de un organismo completamente autónomo sin estar
sujeto a los procedimientos generales del sector público, es decir ni al
gobierno ni al parlamento.
Todo lo que queda al Estado es
garantizar la inversión mitigando el riesgo regulatorio y de la política. No
solamente dejando en manos de los inversores la totalidad del proyecto, sino
protegiendo su crédito. Para lo cual tiene que crear un fondo de garantías
emitiendo deuda a largo plazo, lo cual significa doble garantía.
Y más aún, garantizarle su inversión
aun en el caso de que el país sufriera una crisis, emitiendo deuda por un monto
superior, por las dudas baje el valor de los bonos necesarios para la garantía.
En ese caso podría “hedgearlo parcialmente”, es decir dejarlo en manos de los
fondos de alto riesgo, es decir los buitres. Pero aún más, si al canjear los
bonos argentinos por otros de menos riesgo, que pagan menos interés, el Estado
se haría cargo de esa pérdida al rescatarlos.
Para cumplir con esta misión, pagar
como sea, es indispensable que lo administre una sociedad extranjera.
Todo eso para garantizar la demanda
del servicio, es decir el consumo de lo que haga produzca o venda y de ingreso
mínimo, es decir la ganancia.
A ello llaman riesgo compartido.
Agregan a esto la posibilidad de que
las acciones de estas APP se vendan en bolsa y con ellas se puedan generar
“productos estructurados”, es decir nuevos futuros y derivados. Con los que,
obviamente, los mismos fondos financieros puedan seguir jugando a la
especulación. Negocio a dos puntas con la máscara del Estado.
Siguiendo en consejo de los eminentes
de alto nivel y la casa de altos estudios.
Y en consonancia con los decretos
anteriores en el mismo sentido que recuerda en sus fundamentos. Uno de Eduardo
Duhalde y otro de Néstor Kirchner.
Copiando parcialmente la legislación
de Perú, Colombia, Brasil y Chile, país este último que aplica el sistema al
régimen penitenciario, incluyendo el monitoreo de la situación de los liberados
después del cumplimiento de la codena. El Proyecto enviado al Senado va un poco
más allá incluyendo la defensa nacional, el régimen hospitalario, la
investigación y la educación. Y hasta zonas francas: es decir, proyecto
ejecución y administración de centros tributarios. Cualquier despistado diría
que se trata de la soberanía nacional.
Con razón Marval, O’Farrell &
Mairal, el estudio jurídico financiero ya mencionado, celebra que “El régimen
impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública,
al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho
público de la Administración (entre otras, el poder de modificar
unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público…”).
No tiene sentido transcribir acá los
aspectos más significativos del Proyecto PPP elevado por el Poder Ejecutivo ya
que sigue todos los pasos marcados por el trabajo auspiciado por los amigos de
la Bolsa en la que el hermano Nicolás Caputo es figura relevante.
La lectura de su resumen basta.
Por lo demás, la brevedad y hasta
ambigüedad del texto deja la puerta abierta a una interpretación “flexible” por
parte del Poder Ejecutivo. Entre otras las de ofrecer como garantías la
percepción de impuestos y, como lo sugiere el trabajo de la Bolsa, la emisión
de títulos valores para que funcionen como “productos estructurados”, vale
decir, como futuros para nuevas pirámides financieras. Esta vez con la
legitimación del Estado y la garantía anticipada de los bienes públicos, es
decir de todos nosotros.
Con lo cual el capital financiero
mitiga su volatilidad e incertidumbre.
Sin panfletos.
Global Policy Forum es un organismo
de control independiente que, con carácter consultivo, supervisa el trabajo de
las Naciones Unidas y escruta la formulación de políticas globales. Sus
miembros son o han sido asesores especializados en muy diversos asuntos
abordados por la UN.
Lou Pingeot realizó un informe, La
influencia empresarial en el proceso Post-2015, analizando la iniciativa que
postula la asociación de estos grandes jugadores junto a los gobiernos con el
título de multi-actor o Alianza Público Privada.
Interroga: “¿Han alcanzado las metas
propuestas las iniciativas multi-actor y las alianzas público-privadas? ¿Han
fortalecido las comunidades locales y satisfecho sus necesidades? ¿Cuáles son
los riesgos y efectos secundarios para las comunidades afectadas?”
Y concluye: “En un contexto en el que
las exigencias de información y las normas de responsabilidad para las APP se
encuentran en un nivel muy bajo, es difícil evaluar su éxito o fracaso. Existe
un cuerpo de investigación académica sobre los resultados de las APP, con
muchos estudios de casos específicos de APP a nivel local y nacional, y en una
amplia gama de áreas, incluyendo la salud, la prestación de servicios públicos
y tecnología. Sin embargo, las conclusiones más generales, por ejemplo sobre
cuánto dinero aporta el sector empresarial y la forma en que se asigna, no
siempre se han elaborado a partir de estos estudios”.
PPP ¿Poder Político Privado?
Lo que vimos es un aspecto de lo que
Juan-Ramón Capella llama “soberano supraestatal difuso”.
No literalmente una confabulación,
una conjura o una conspiración. Más bien elaboraciones de estrategias conforme
a una lógica en la que hasta la apariencia pública de los estados y los
organismos internacionales o intergubernamentales es expropiada.
Si los Estados, como ya lo dijera
Marx hace más de un siglo y medio, estaban a merced de los acreedores de la
deuda pública, hoy eufemísticamente soberana, esta nueva estrategia adopta la
máscara estatal como propia a través de la “alianza”, el multi-actor o la
“participación”. Ya no se trata de un poder en la sombra, ni de gabinetes en la
sombra.
Este ceomacrismo, hemos visto, no es
demasiado original. Ni en el campo internacional, desde que Kofi Annan, siendo
Secretario General de la UN dio luz verde anunciando en el Foro de Davos la
creación del Pacto Global, cuna de los eminente de alto nivel; ni en el campo
nacional, desde que Duhalde, primero y Kirchner luego nos legaron sendos
decretos de alianzas público privadas. Claro es que por esas épocas no
prosperaron.
Los organismos intergubernamentales
de crédito ya habían adoptado el sistema de reconversión de sus créditos en
créditos de los fondos privados. El Plan Brady de restructuración de las
deudas, ya con el default de Rodriguez Saa, exigía el cobro de sus créditos a
través de entregarlo a los fondos. A Duhalde no le dieron los tiempos políticos
y la tarea quedó a cargo de Kirchner, que siguió el ejemplo de Lula. Los fondos
pudieron armar su arquitectura especulativa ya también con las deudas
soberanas. Esta es la arquitectura que ahora tiene saturada la deuda de los
países emergentes y que exige las APP y PPP. La puntada final para prepararlas
fue el pago a los holtdous, sin pataleo.
Ahora, como propone la BlackRock a
“eliminar los intermediarios y gestionar los proyectos ellos mismos”. Las PPP
de Public-Private Partnerships a Poder Político Privado. Para eso están los
ceos.
FUENTE: Logiudice,
Edgardo. Abogado y ex-docente de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos
Aires y co-autor -junto a Leandro Ferreyra y Mabel Thwaytes Rey- de Gramsci
Mirando al Sur, Buenos Aires, K&ai, 1994. Integró el Colectivo editorial de
DOXA. Es autor de numerosos artículos y ensayos en publicaciones de Francia,
Italia y nuestro país, referidos a las problemáticas de la pobreza, la
propiedad, el Estado, la representación y la crítica a la ideología. Autor de
Agamben y el Estado de Excepción, Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2007.
Integra el Consejo de redacción de Herramienta.
