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viernes, 19 de enero de 2018

¿REFUGIADOS EN PERÚ?



Cada minuto, veinte personas son obligadas a salir de sus hogares, esto significa que más de 28 000 personas cada día son forzadas a buscar un futuro incierto en otros lugares. Hemos llegado a máximos históricos de personas desplazadas en el mundo. En el 2016 ya sumaban 65.6 millones de personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Dentro de este grupo, existen más de 22 millones de refugiados: personas que buscan protección en un país extranjero porque en su propio país son perseguidas debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a algún grupo social[1].

Aunque muchos podríamos imaginar que solo existen refugiados en países de Medio Oriente, Europa y Norte América, nuestro país no es ajeno a esta problemática. En el Perú existen 1 649 refugiados y más de 4 000 personas que solicitan la condicion de refugiado (solicitantes de asilo). La cantidad de solicitantes de asilo ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de 392 en el 2015 a 4392 en el 2016, según datos de Acnur.

Asociar este incremento a la cantidad de personas de Venezuela que hemos visto llegar al país en los últimos años es inevitable. Sin embargo, existen refugiados y solicitantes de asilo de más de treinta nacionalidades. La mayor cantidad provienen de Colombia, Cuba y Venezuela, aunque también destaca la presencia de personas provenientes de Haití, Siria, Serbia y Palestina, entre otros.

El grupo de refugiados y solicitantes de asilo en el Perú es diverso, incluye a hombres y mujeres de diferentes edades, características y motivos de salida de sus países de origen, que vinieron sin su familia o acompañados de parte de esta. Lo que muchos tienen en común son las dificultades para lograr acceder a sus principales derechos, como una documentación de identidad que les permita trabajar de manera formal y acceder a servicios básicos y vivienda.

Un estudio con 93 refugiados y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades en Lima Metropolitana, realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en alianza con Acnur y Encuentros Servicios Jesuita para la Solidaridad, reveló algunas cifras que son bastante preocupantes:

- 7 de cada 10 refugiados y solicitantes de asilo tuvo que trabajar sobre horas y/o tenían muy bajos ingresos por ser extranjeros.

- 40 % de encuestados tardó más de un mes en conseguir trabajo desde su llegada al país, aumentando su exposición a riesgos en esa etapa.

- 85 % de encuestados no contaba con ningún tipo de seguro de salud, por lo que en caso de alguna enfermedad, debían automedicarse o invertir en servicios particulares.

- 6 de cada 10 personas se sintieron discriminados en el Perú, la mayoría debido a su nacionalidad y aspecto físico.

A esto se suma que el ser refugiado puede desencadenar altos niveles de estrés y afectar su salud mental. De acuerdo con el estudio mencionado, las situaciones que más generan estrés son la separación del país de origen, la discriminación y los problemas de documentación que restringen el acceso a condiciones básicas de vivienda y trabajo. Estas situaciones parecen estar asociadas a síntomas de ansiedad y depresión, reportados por más del 60 % de refugiados y solicitantes de asilo encuestados. Sin embargo, son pocos los que pueden acceder a servicios de salud para atender dichos síntomas.

Todo indica que los refugiados y solicitantes tienen serias dificultades en su integración en el Perú. Aunque muchas de estas dificultades también afectan a otras poblaciones vulnerables, el ser refugiado o solicitante de asilo parece llevar a un mayor riesgo de vulneración de derechos, debido a la falta de documentación y discriminación, así como al limitado acceso a redes por la migración.

Considerando esto, el Estado peruano se ha comprometido, junto con otros países, a realizar acciones para la protección e integración de refugiados y cuenta con un marco normativo. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinacion con otros sectores, Acnur y organizaciones de sociedad civil implementan acciones para su apoyo y protección.

Sin embargo, estas iniciativas son aún insuficientes para abordar la complejidad de situaciones que viven refugiados y solicitantes de asilo en el país. Se necesita implementar mayores acciones desde el Estado para la implementación de políticas y acuerdos orientados a la protección e integración de refugiados y solicitantes en el Perú. Estas acciones requieren una mayor articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros sectores, como Trabajo, Salud y Educación. Así, se debe procurar que los derechos reflejados en la Ley del Refugiado, se traduzcan en políticas y reglamentos, así como en la capacitación del personal de diferentes sectores.

Por ejemplo, a fin de mejorar las condiciones de empleo, se necesita trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para la aceptación de la documentación de refugiados y solicitantes de asilo en el registro de contratos laborales, así como en su difusión de su documentación y la necesidad de garantizar derechos laborales de esta población.

"Se puede trabajar en estrategias de sensibilización sobre la existencia de refugiados y solicitantes de asilo, las problemáticas que viven y la importancia de la reducción de acciones discriminatorias contra esta población".

En cuanto a acceso a servicios, podría ayudar una coordinación más cercana con el Ministerio de Salud, a fin de que la reglamentación sobre acceso a servicios como SIS y Essalud incorpore a refugiados y sus familias. Asimismo, se necesita una mayor comunicación con funcionarios a cargo de estos servicios sobre las condiciones y derechos de refugiados.

El trabajo con el Ministerio de Educación debería generar soluciones para el registro y convalidación de títulos académicos de refugiados y solicitantes. Esto permitiría una mayor inserción laboral con mejores condiciones de empleo así como el aprovechamiento de su formación en organizaciones locales. Además, es necesario trabajar con este sector para que la reglamentación sobre requisitos de acceso y registro en instituciones educativas, y su respectiva comunicación a funcionarios encargados, considere a refugiados, solicitantes de asilo y sus familias.

Además, se necesita implementar acciones orientadas a reducir la discriminación. Un paso fundamental sería visibilizar a esta población, dando a conocer la existencia de refugiados y solicitantes de asilo, sus características y principales derechos. Se puede trabajar en estrategias de sensibilización sobre la existencia de refugiados y solicitantes de asilo, las problemáticas que viven y la importancia de la reducción de acciones discriminatorias contra esta población.

De manera complementaria, se recomienda realizar acciones que permitan el acceso a acompañamiento psicológico a refugiados y solicitantes de asilo con mayores síntomas de ansiedad y depresión. Este acompañamiento podría ayudar en el manejo del proceso de estrés producto de la migración y adaptación al país. Para esto, se pueden articular acciones con el Ministerio de salud para incorporarlos en la atención de salud mental del SIS y/o con organizaciones privadas que  trabajen en este tema.

Estas intervenciones deben considerar que las personas refugiadas y solicitantes se suman a las poblaciones locales que ya viven en condiciones de vulnerabilidad (como personas en situación de pobreza que acceden a empleos precarios), lo que representa mayores limitaciones y retos. Sin embargo, se espera que estas acciones, sumadas a las intervenciones desde las organizaciones de sociedad civil involucradas en el tema, puedan ayudar a tener un mayor avance en la integración de refugiados y solicitantes de asilo en el país.

Todo esto implica dejar de centrarse únicamente en la aceptación de la estadía de refugiados en el país y en soluciones limitadas únicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. En contraste, requiere pensar en soluciones sostenibles orientadas a la integración de refugiados y solicitantes en el Perú. Estas soluciones no se restringen únicamente a la normatividad, si no que exigen una articulación constante entre diferentes sectores y organizaciones.

El camino parece ser un reto bastante complejo y sin mayor información acerca de fórmulas de éxito, al ser una problemática que distintos países están intentando afrontar.  ¿Por qué asumir el reto de la integración? Por varias razones. En primer lugar, para lograr hacer realidad las leyes y acuerdos existentes que dan prioridad a la protección e integración de refugiados y solicitantes de asilo en nuestro país. Segundo, por recibir a personas que han tenido que salir de sus hogares como nos gustaría que nos reciban a nosotros cuando lo necesitemos, como nos gustaría que hayan recibido a los 2 609 peruanos que son refugiados en otros países. Por último, por aprender a abrir puertas y tender puentes en vez de construir murallas.


[1] Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951.


FUENTE: Patricia Cabrerizo Docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

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