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TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS - TRANSLATION TO OTHER LANGUAGES

viernes, 19 de enero de 2018

EVO MORALES REVELA QUE CHILE PLANTEÓ PACTO CON BOLIVIA EN 1975 PARA IR EN CONTRA DEL PERÚ




Mandatario altiplánico afirma que ello ha quedado confirmado con los documentos desclasificados en Estados Unidos por orden de Donald Trump


El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado que los documentos recientemente desclasificados por el presidente estadounidense, Donald Trump, revelan que en 1975 Chile hizo una “propuesta secreta” a Bolivia ofreciendo un corredor de 10 kilómetros para proporcionar al país una salida al mar.

“Documentos desclasificados por Trump revelan que en diciembre de 1975, Chile hizo una oferta secreta a Bolivia: un corredor de 10 kilómetros”, ha señalado Morales en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con Europa Press, la información estaría en el penúltimo párrafo de la página 133 de un documento de 551 páginas desclasificado por Washington. Estos documentos estarían relacionados inicialmente con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en noviembre de 1963.

Morales ha explicado que a cambio de ese corredor, Chile pedía intercambio de territorios y derechos sobre agua dulce de Bolivia. “Buscaba una alianza en contra de Perú”, ha resaltado el presidente boliviano.

El documento recientemente desclasificado, citado por Morales vía tuit, advierte que “es obvio que el mayor propósito de Chile es cultivar una alianza con Bolivia en contra de Perú y mejorar su seguridad construyendo un ‘cordón sanitario'”.


“Perú propuso un puerto bajo administración compartida con Chile y Bolivia. Chile rechazó esa posibilidad y así evitó su oferta de corredor”, ha explicado Morales. “Bolivia, no obstante, requiere un corredor que incluya el puerto”, según el documento.

PJ INSISTE EN PEDIDO PARA DESAFORAR A PARLAMENTARIO RICHARD ACUÑA




Solicitud será enviada a la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad. Congresista es acusado de apropiarse ilegalmente de terrenos


La comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema del Poder Judicial subsanó el error de foliación y alistó un nuevo pedido de desafuero parlamentario para el congresista de Alianza por el Progreso, Richard Acuña Nuñez, acusado en Trujillo de haberse apropiado de un extenso terreno con documentos falsos.

De acuerdo con La Razón, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presentará el documento que incluye peritajes que demostrarían que el heredero de César Acuña aprovechó que el predio que hoy ocupa se encontraba en litigio entre la inmobiliaria San Vicente y el posesionario José García Marcelo, para presentarse como supuesto posesionario desde el 2004. Para lograr ese propósito se presentaron falsos certificados de una jueza de paz letrado.

Este cuadernillo judicial, que será alcanzado a la comisión de levantamiento de inmunidad del Congreso de la República, cuenta con pruebas grafotécnicas hechas a los documentos originales presuntamente falsificados por el congresista Acuña y su hermana Kelly.

Son dos certificados de posesión “firmados” en noviembre del 2004 por la jueza Tania Rojas Vásquez, quien ha negado que sea su firma, además que el Poder Judicial ya ha confirmado oficialmente que en esa fecha ni siquiera era jueza. Con esto el delito de falsificación de documentos públicos está totalmente probado.


Cabe señalar que la defensa legal del parlamentario in formó que este no tiene ningún temor de este pedido de la Corte Suprema, dado que están colaborando en detalle con el juzgado trujillano que está viendo el tema.

FERRÉ RECONOCE QUE SUSANA VILLARÁN LE ORDENÓ ‘ROMPER’ EL CONTRATO DE ‘LÍNEA AMARILLA’ Y DIO VISTO BUENO AL ACTA DE ACUERDO





Exgerente de Promoción de la Inversión Privada declaró ante el Congreso que se reunió con Cecilia Blume, como asesora de Lamsac


El exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Diego Martín Ferré Muguía, reconoció ante la comisión ‘Lava Jato’ que la exalcaldesa Susana Villarán le ordenó “romper” el Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla, lo que desembocó en la firma de un Acta de Acuerdo que dispuso ampliar el plazo de concesión de 30 a 40 años y eliminar la obligación de construir un Metropolitano en la Vía de Evitamiento.

Este documento fue firmado el 20 de mayo del 2011 por Ferré Murguía y el entonces gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz, a nombre del Concejo Metropolitano, con Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS y André Giavina Bianchi por Línea Amarilla S.A.C., en un paquete de cláusulas que terminó incorporando a las obras ediles el proyecto villaranista “Río Verde” que luego fue rebautizado como “Vía Parque Rímac”.

El Acta de Acuerdo se comprometía a suscribir la Adenda N.º 1 que terminó siendo firmada el 13 de febrero del 2013, en medio del proceso de revocatoria de Susana Villarán, y consignó precisamente los dos puntos fundamentales impulsados por el documento de Diego Ferré, esto es la ampliación del plazo de la concesión en diez años y la eliminación de la obligación de construir el Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac).




Acta firmada por Diego Ferré y Miguel Prialé con OAS

La audiencia a la que asistió el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima fue accidentada, pues en varias ocasiones la presidenta de la comisión “Lava Jato”, Rosa Bartra, tuvo que llamarle la atención por sus interrupciones y respuestas irónicas a las preguntas de los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde (AP) y Mauricio Mulder (APRA).

La rueda de preguntas fue iniciada por el congresista García Belaúnde, quien buscó entender cómo la exalcaldesa nombró en ese cargo a Diego Ferré, pese a su escasa experiencia, más allá de unos proyectos en Cañete que no se cristalizaron. “Bueno, la Municipalidad de Cañete no hace casi inversiones privadas, yo la conozco bastante bien (…) Pero usted no tenía ni idea de lo que era promover la inversión privada, eso es clarísimo”, dijo el legislador.

Ferré dejó en claro que recibió el encargo de renegociar el contrato en febrero del 2011 y negó haber tenido conocimiento del Informe Especial N° 001-2012 que tuvo que ver con una acción control dispuesta por la Contraloría General de la República a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada que él manejaba con relación a ‘Línea Amarilla’




Gestión Villarán claudicó ante requerimientos de empresas brasileñas

Sobre la posibilidad que se haya negociado algo más allá de documento que firmó, mencionó: “Si usted compara el acta del 2011 y la Adenda del 2013, los temas que incluyen la adenda exceden largamente las posiciones iniciales establecidas en el acta del 2011, con lo cual dudo mucho que no se haya negociado algo, algo se tiene que haber negociado, porque sino los términos entre la adenda y el acta serían los mismos y no es el caso”.

En torno a las reuniones que sostuvo con los representantes del concesionario, detalló: “Me reuní con el señor (André) Giavina, me reuní con el señor (Valfredo) De Assis, me reuní con los técnicos de OAS (…) De la única persona que recuerdo era un ingeniero de Odebrecht, con el que nos reuníamos por el tema de ‘Línea Azul’ que se negoció en paralelo, pero de OAS no recuerdo”.

A la pregunta concreta sobre la participación de Susana Villarán en los acuerdos adoptados en el Acta del 20 de mayo del 2011 y cómo se plasmaron en la Adenda N° 1, el exgerente de Promoción de la Inversión Privada respondió:

“Cuando yo ingreso a la Municipalidad de Lima como gerente legal, uno de los primeros encargos que me da es evaluar la posibilidad de romper el contrato, es algo que yo he declarado en la Fiscalía. Una vez que nosotros hacemos una evaluación del contrato, digamos que sería excesivamente oneroso para la Municipalidad romper el contrato, se nos da la instrucción que se vea la posibilidad de mejorarlo de alguna manera”.




Cecilia Blume, sindicada como asesora de Lamsac (subsidiaria de OAS)

Luego agregó: “Ella no participó directamente en las negociaciones, las negociaciones fueron conducidas por mi persona y por el gerente municipal hasta que se plasmaron las posiciones iniciales de una futura negociación, una adenda, que es lo que se plasma en esa acta, esas posiciones iniciales o esos preacuerdos, si quiere usted llamarlo, fueron puestos en su conocimiento, entiendo- no me consta pero podrían consultarlo con el gerente municipal, quien creo que va a ratificar la información- y una vez que se obtuvo el visto bueno se suscribe el acta”.


Diego Ferré reconoció haberse reunido con la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Cecilia Blume cuando se daba forma al Acta de Acuerdo del 2011, en su calidad de asesora de Lamsac. Según su versión, el encuentro se llevó a cabo en la oficina del entonces gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz.

SOSPECHOSAS RELACIONES EN COMISIÓN LAVA JATO





Roque Bravo Basaldua, asesor en la comisión investigadora del caso Lava Jato en el Congreso, estuvo denunciado por la Fiscalía Anticorrupción hace unos años, y ha sido allegado a Aurelio Pastor, exparlamentario aprista que hizo que se archive el caso Interoceánica en el año 2008, y ahora defiende a uno de los implicados en los sobornos.

“Yo asumo la responsabilidad de la decisión de ver quien me asesora. Imagínese que ahora me juzguen por mis compañeros de promoción”, sostiene la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra.

Bravo estudió Derecho a fines de los años ochenta en la entonces Pontifica Universidad Católica, donde coincidió con Pastor Valdivieso.


Asesor de comisión coincidió con exministro aprista en la PUCP

En el año 2007, el aprista fue designado secretario de la comisión investigadora de la Interoceánica Sur. Este trabajo abortó porque Frecuencia Latina, que recibía publicidad de Odebrecht, publicó un video editado, donde acusaban a la presidenta del grupo congresal, Margarita Sucari, de agarrarse parte del sueldo de sus asesores.

Pastor tomó la posta y sustentó en el Pleno un informe incompleto, con el cual la mayoría archivó el caso mientras el gobierno de Alan García negociaba las famosas adendas. Ahora se sabe que hubo corrupción en esa obra.

Ahora, el excongresista es abogado de Walter Arboleda, exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, donde también se han detectado sobornos de Odebrecht. Justamente, ambos acudieron a la comisión Lava Jato el 12 de julio último.


Arboleda con Bartra: Fujimorista defiende designación de Bravo

“¿Usted puede revisar documentos tan complejos en 2 horas?”, preguntó la legisladora a Wálter Arboleda quien dijo que “si se tiene la información, sí”. Sin embargo, tras asegurar que sólo se limitó a firmar la documentación recibida, sin revisarla previamente, no pudo responder el porqué de la diferencia de minutos en los documentos emitidos.

Cuando se difundieron los famosos audios de supuesto tráfico de influencias en el Jurado Elecciones, donde Aurelio Pastor fue sentenciado y luego exculpado, Bravo era secretario general del JNE. Se le mencionaba ligeramente, pero más a Hugo Sivina, entonces presidente del órgano electoral.


Precisamente, Sivina había favorecido al ahora asesor del grupo Lava Jato, cuando lo designó ilegalmente, como indicó el entonces procurador anticorrupción Jorge Caldas. Aún era oficialmente juez de paz cuando obtuvo su cargo en el JNE.

FERRÉ RECONOCE QUE SUSANA VILLARÁN LE ORDENÓ ‘ROMPER’ EL CONTRATO DE ‘LÍNEA AMARILLA’ Y DIO VISTO BUENO AL ACTA DE ACUERDO




Exgerente de Promoción de la Inversión Privada declaró ante el Congreso que se reunió con Cecilia Blume, como asesora de Lamsac


El exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Diego Martín Ferré Muguía, reconoció ante la comisión ‘Lava Jato’ que la exalcaldesa Susana Villarán le ordenó “romper” el Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla, lo que desembocó en la firma de un Acta de Acuerdo que dispuso ampliar el plazo de concesión de 30 a 40 años y eliminar la obligación de construir un Metropolitano en la Vía de Evitamiento.

Este documento fue firmado el 20 de mayo del 2011 por Ferré Murguía y el entonces gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz, a nombre del Concejo Metropolitano, con Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS y André Giavina Bianchi por Línea Amarilla S.A.C., en un paquete de cláusulas que terminó incorporando a las obras ediles el proyecto villaranista “Río Verde” que luego fue rebautizado como “Vía Parque Rímac”.

El Acta de Acuerdo se comprometía a suscribir la Adenda N.º 1 que terminó siendo firmada el 13 de febrero del 2013, en medio del proceso de revocatoria de Susana Villarán, y consignó precisamente los dos puntos fundamentales impulsados por el documento de Diego Ferré, esto es la ampliación del plazo de la concesión en diez años y la eliminación de la obligación de construir el Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac).
Acta firmada por Diego Ferré y Miguel Prialé con OAS

La audiencia a la que asistió el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima fue accidentada, pues en varias ocasiones la presidenta de la comisión “Lava Jato”, Rosa Bartra, tuvo que llamarle la atención por sus interrupciones y respuestas irónicas a las preguntas de los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde (AP) y Mauricio Mulder (APRA).

La rueda de preguntas fue iniciada por el congresista García Belaúnde, quien buscó entender cómo la exalcaldesa nombró en ese cargo a Diego Ferré, pese a su escasa experiencia, más allá de unos proyectos en Cañete que no se cristalizaron. “Bueno, la Municipalidad de Cañete no hace casi inversiones privadas, yo la conozco bastante bien (…) Pero usted no tenía ni idea de lo que era promover la inversión privada, eso es clarísimo”, dijo el legislador.

Ferré dejó en claro que recibió el encargo de renegociar el contrato en febrero del 2011 y negó haber tenido conocimiento del Informe Especial N° 001-2012 que tuvo que ver con una acción control dispuesta por la Contraloría General de la República a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada que él manejaba con relación a ‘Línea Amarilla’
Gestión Villarán claudicó ante requerimientos de empresas brasileñas

Sobre la posibilidad que se haya negociado algo más allá de documento que firmó, mencionó: “Si usted compara el acta del 2011 y la Adenda del 2013, los temas que incluyen la adenda exceden largamente las posiciones iniciales establecidas en el acta del 2011, con lo cual dudo mucho que no se haya negociado algo, algo se tiene que haber negociado, porque sino los términos entre la adenda y el acta serían los mismos y no es el caso”.

En torno a las reuniones que sostuvo con los representantes del concesionario, detalló: “Me reuní con el señor (André) Giavina, me reuní con el señor (Valfredo) De Assis, me reuní con los técnicos de OAS (…) De la única persona que recuerdo era un ingeniero de Odebrecht, con el que nos reuníamos por el tema de ‘Línea Azul’ que se negoció en paralelo, pero de OAS no recuerdo”.

A la pregunta concreta sobre la participación de Susana Villarán en los acuerdos adoptados en el Acta del 20 de mayo del 2011 y cómo se plasmaron en la Adenda N° 1, el exgerente de Promoción de la Inversión Privada respondió:

“Cuando yo ingreso a la Municipalidad de Lima como gerente legal, uno de los primeros encargos que me da es evaluar la posibilidad de romper el contrato, es algo que yo he declarado en la Fiscalía. Una vez que nosotros hacemos una evaluación del contrato, digamos que sería excesivamente oneroso para la Municipalidad romper el contrato, se nos da la instrucción que se vea la posibilidad de mejorarlo de alguna manera”.
Cecilia Blume, sindicada como asesora de Lamsac (subsidiaria de OAS)

Luego agregó: “Ella no participó directamente en las negociaciones, las negociaciones fueron conducidas por mi persona y por el gerente municipal hasta que se plasmaron las posiciones iniciales de una futura negociación, una adenda, que es lo que se plasma en esa acta, esas posiciones iniciales o esos preacuerdos, si quiere usted llamarlo, fueron puestos en su conocimiento, entiendo- no me consta pero podrían consultarlo con el gerente municipal, quien creo que va a ratificar la información- y una vez que se obtuvo el visto bueno se suscribe el acta”.


Diego Ferré reconoció haberse reunido con la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Cecilia Blume cuando se daba forma al Acta de Acuerdo del 2011, en su calidad de asesora de Lamsac. Según su versión, el encuentro se llevó a cabo en la oficina del entonces gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz.

¡EL COLMO! MÁS DE 200 AUTORIDADES ERAN BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA “JUNTOS”




Ello es mencionado en informe de la Contraloría que fue entregado al Congreso


En su informe al Congreso, el contralor Nelson Shack aseguró que entre los años 2012 y 2014, el programa Juntos incluyó en su padrón a 206 autoridades elegidas por voto popular, entre los cuales figura un actual alcalde.

En su presentación ante la Comisión de Inclusión Social del Congreso, el titular del órgano de fiscalización señaló que dicho acontecimiento causó un perjuicio económico de S/ 159,915, según un informe de auditoría de la institución.

El diario Correo agrega, asimismo, que Shack sostuvo que los hallazgos fueron entregados a la Fiscalía, donde se viene investigando a los presuntos responsables.

La autoridad también indicó que entre los años 2012 y 2014, el programa Pensión 65 incorporó como beneficiarios a 23,389 personas fallecidas, generando pérdidas al Estado por S/ 732,714.00.

Shack manifestó también que fueron inscritas 681 personas que eran pensionistas del Ejército Peruano (EP), Oficina Nacional Previsional (ONP), Caja Militar, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú (FAP), realizándose 1,876 abonos equivalentes a S/460,838.
REVELAN QUE INTEROCEÁNICA FUE ENTREGADA A ODEBRECHT LUEGO DE UNA SESIÓN “POR TELÉFONO”
Exministro Alfonso Velásquez no recuerda a la persona que realizó la concesión. Señala que Toledo y PPK estaban muy interesados en que proyecto esté en manos de brasileños


En su presentación ante la comisión investigadora del caso Lava Jato, Alfonso Velásquez Tuesta, exministro de la Producción y otrora integrante del directorio de Proinversión durante el gobierno de Alejandro Toledo, reveló cómo en ese régimen se produjeron situaciones “inusuales” durante el tiempo en que fue concesionada la carretera Interoceánica Sur.

Según informó Correo, Velásquez relató que el 3 de diciembre de 2004 tuvo lugar una sesión del Consejo Directivo de ProInversión que “no fue presencial, sino que se realizó por teléfono”. En aquella ocasión se acordó entregar la concesión de la obra a la brasileña Odebrecht.

Subrayó que en ese entonces confiaba en todo el equipo de ProInversión y no recuerda quién fue la persona que lanzó la convocatoria. Sin embargo, no descartó que haya podido haber sido el exdirector ejecutivo de la entidad, René Cornejo Díaz, quien años después también sería ministro del gobierno de Ollanta Humala.

Otro caso extraño que comentó sucedió el 22 de diciembre del mismo año, cuando Toledo participó en una sesión del Consejo Directivo de ProInversión, la cual -a su juicio- mostraba el gran interés del expresidente por llevar a cabo el proyecto.

Añadió que Toledo arengaba para que se continúe con la obra de la Interoceánica Sur, y sostuvo además que el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski y el exministro René Cornejo, fueron los responsables de agilizar los trámites para la concesión de la Interoceánica Sur a favor de la firma brasileña Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo.


“Donde manda capitán, no manda marinero”, respondió Velásquez Tuesta a la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra (FP), que le consultó quiénes eran “los capitanes” que tomaban decisiones importantes respecto a la Carretera Interoceánica.

MITOS Y MENTIRAS PERUANAS





He venido batallando en diversos medios para desterrar una de esas mentiras que los pueblos se acaban por creer, porque les parecen lógicas y explicables y también porque de esa manera se sienten más parecidos a sus héroes o personas dignas de admiración.

Desde que en 1992 Mario Vargas Llosa (MVLL) criticó el autogolpe del 5 abril e incluso y pidió el bloqueo al Perú, liderados por el gobierno fujimorista, un grupo de gente interesada en descalificarlo, buscó la explicación a su actitud en lo dolido que estaba por la derrota que sufriera en las elecciones de 1990.

Este mito-mentira olvida o mejor dicho quiere olvidar una serie de hechos que la desmienten y que vale la pena traer al recuerdo:

El primero es que MVLL nunca quiso ser presidente, ni estuvo interesado en vincularse a la política activa. Se sabe, por ejemplo, que no le aceptó a Belaunde ser primer ministro, ni siquiera embajador. En 1987, por principio, vino a luchar contra la estatización de la banca y terminó liderándola por su propio peso personal. Como lo pueden testificar todas las personas de su entorno en aquellos días, tuvieron que recurrir a sus principios morales para obligarlo a aceptar la postulación. Por supuesto, como él mismo ha reconocido y correspondía a las circunstancias, una vez que consintió hizo todo lo posible por lograrlo. En realidad, ya a esas alturas MVLL estaba muy por encima dela Presidenciade República.

En segundo lugar, Fujimori no le ganó las elecciones, sino que se encontró electo Presidente sin haberlo siquiera pensado, merced a la guerra que desató Alan García desde el gobierno, atemorizando al pueblo con el shock y a los propios errores del Frente Democrático y el mismo Vargas Llosa.

El tercero es que si con alguien podría estar enojado MVLL es con el pueblo peruano que eligió a un improvisado que carecía de planes, hasta el punto de tener que maquillar algunas ideas sueltas cuando le reclamaron su inexistencia y terminar aplicando el de su oponente cuando accedió al poder. Si un grupo de gente que toma una decisión, mal se puede uno enfadar con el beneficiado, sino con los electores, salvo que hubieran mediado engaños y MVLL siempre ha reconocido la legitimidad de esas elecciones.

El cuarto es que MVLL nunca hizo comentario o declaración pública alguna entre 1990 y la fecha del autogolpe en 1992, lo que demuestra que su crítica fue al rompimiento de la democracia y no una venganza contra quien le ganó las elecciones. Lo que pasó –como he indicado– es que el gobierno y los que pensaban medrar a su alrededor, hicieron circular el mito-mentira que todavía mucha gente ignorante tiene por cierto.

Hay otra crítica que se hace a MVLL que olvida toda su actuación pública anterior. He enfrentado gente que sostiene que no debió declarar que “sin alegría, con muchos temores…” iba a votar por Humala, por la prudencia que se espera de un personaje público. Tengo que recordarles a esas personas que una de las cualidades de MVLL es haber dicho siempre lo que pensaba sin importarle las reacciones resultantes. Se me viene a la memoria su rompimiento con la Cuba castrista por el caso Padilla en una época en que despertó un sin numero críticas de todos sus pares intelectuales. También tuvo la entereza de declarar que el gobierno del PRI era ‘una dictadura perfecta’ en el propio México, lo que resultó en su casi expulsión del país. Podría escribir una lista larga de casos como los mencionados, incluyendo su crítica al autogolpe fujimorista, ¿y saben qué? en todos ha tenido razón.

Sostienen que no es peruano, olvidando que con el único país que tenemos tratado de doble nacionalidad (1962) es con España, por lo que sigue siendo tan peruano como cualquiera de nosotros. Asimismo, le critican que habiendo hablado de ‘el cáncer o el sida’, haya apoyado a Ollanta Humala, pero en este caso la respuesta es sencilla y obvia: consideró que él era mejor opción que Keiko Fujimori y desde hace mucho tiempo está en contra del voto en blanco

Muchos de los críticos de MVLL son, sin haberse percatado, fundamentalistas, en el sentido de creerse dueños de la verdad. Cuando se les pregunta ¿por qué no lo criticaron cuando en las elecciones pasadas incitó a votar por García? responden que porque esa vez tenía razón. En otras palabras, ellos saben lo que es mejor, siempre están en lo cierto, olvidando que la historia (la Inquisición, Hitler, Stalin, etc.) muestra, reiteradamente, que lo que se tiene en determinado momento por verdadero y conveniente, más adelante, resulta ser falso y perjudicial. Todos tenemos derecho a opinar y a disentir, pero con razones y argumentos y respetando a los que piensan diferente.

FUENTE: Alonso Núñez del Prado - Abogado MBA


BALANCE ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE PPK




A dieciocho meses del gobierno, su gestión económica es decepcionante. Si bien hubo factores exógenos negativos (caída de los precios internacionales, Niño Costero, Lava Jato), se cometieron graves errores de política macroeconómica.

La tasa de crecimiento del PBI para el 2017 y proyectado para el 2018 se mantienen por debajo de la tasa del PBI potencial, lo que es totalmente insuficiente para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenible, que genere empleo y reduzca la pobreza.


Fuente BCRP, Extraído del Comercio 12.12.2017.

El gobierno de PPK no reconoció que el factor central de la caída de la inversión privada y del crecimiento económico, ha estado asociado al fin de los altos precios de los commodities. Se desperdició una vez más la oportunidad histórica, para generar nuevos motores de crecimiento y capacidades productivas internas, diversificando la economía y las exportaciones, aumentando la productividad y los ingresos con mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Había una tendencia recesiva, pero el nuevo gobierno inició su gestión económica con un grave error, implementando una política macroeconómica restrictiva.

En el plano fiscal, se dio un sobreajuste cuando se requería lo contrario (teniendo recursos para hacerlo), mientras la política monetaria no redujo la tasa de interés para reactivar la economía.

Se buscó mantener las metas fiscales y de inflación a como dé lugar, para no aumentar el riesgo país y el costo del endeudamiento externo, que se incrementó sustancialmente en este gobierno. Aumentó el déficit en cuenta corriente, se frenó el crecimiento de la economía y de los empleos, en la medida que la inversión pública no contribuyó a un impulso de la inversión privada que tenía tasas negativas en los dos años previos.

Recién con la salida del Ministro Thorne y la entrada del gabinete Zavala se cambió relativamente el enfoque y se decidió dar un impulso fiscal a la economía, basado principalmente en una mayor asignación de recursos a la inversión pública para la llamada “Reconstrucción con Cambios”. En cuanto a la política monetaria se inició una leve reducción de las tasa de interés referencial.


Fuente: BCR-MEF Proyecciones

En el plano más estructural, se abandonó el tímido esfuerzo de diversificación productiva que el anterior gobierno había impulsado, no se impulsaron medidas para fomentar la competitividad y el aumento de la productividad. Todo se apostó al “destrabe” de grandes proyectos de inversión pendientes, y algunas medidas tributarias que buscaban formalizar la economía, pero que no tuvieron resultados. No se dio un aumento a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, tampoco se impulsó la regionalización, más allá de encuentros con gobiernos regionales y locales que no se reflejaron en un mayor presupuesto, autonomía y atribuciones para el interior del país.

El gobierno optó por la profundización del modelo en curso, implementando el programa que ofreció en la primera vuelta de las elecciones. Dejó de lado las promesas hechas a distintos actores económicos, sociales y de trabajadores en la segunda vuelta, ya que se flexibilizaron estándares laborales y ambientales y se continuó privilegiando al capital extranjero y nacional, principalmente concentrado en el sector primario.



Se inició la reactivación?

La economía peruana se ha beneficiado de un nuevo rebote al alza de precios internacionales de los metales (20% en promedio), en particular del precio del cobre, zinc y oro. Y, hay políticas anunciadas de aumento de la inversión pública. Para el 2017 se espera un crecimiento de la inversión pública del 7.5% y del 17.5% para el 2018. La inversión privada tuvo una cifra positiva luego de más de tres años de caída, -2.3% del 2017.

Nuevamente un factor externo (recuperación de precios internacionales), permitía una relativa recuperación de la economía nacional.


Fuente: Proyecciones MEF

Pero, no se puede afirmar que ya estamos en plena reactivación.  Según Oscar Dancourt, el PBI no primario, que representa más del 80% del PBI, continua obteniendo tasas de crecimiento bajas,  llegando a los últimos cuatro trimestres a niveles inferiores a los alcanzando a principios del año 2000. Por otro lado, en cuanto a la generación de empleo urbano en empresas de más de 10 trabajadores sigue mostrando caídas en julio, agosto, setiembre y octubre del presente año (Entrevista en Perspectivas. www. alanfairliereinoso.pe, del 04.12.2017).


Fuente: INEI Informe Técnico Noviembre 2017

Los recursos tributarios continúan cayendo y se mantienen las altas perforaciones tributarias, desde las exoneraciones hasta la elusión y evasión tributaria, pasando por las iniciativas legislativas del Congreso de la República. Esta situación se volverá más crítica desde el 2019 cuando el impulso fiscal se reduzca ante exigencias de déficit menores.

Nueva Facultades Solicitadas-Ejes Económicos
Ejes
Facultades para
Gestión Económica
Reestructurar el  FONIPREL para agilizar proyectos APP
Mejorar Marco Legal de Proyectos APP
Reformar régimen de compras  estatales a las PYMES
Gestión Tributaria
Mejoras en la organización interna del Tribunal Fiscal y la SUNAT
Uso generalizado de comprobantes de pago electrónico
Obligatoriedad de pago bancarizado en determinadas operaciones
Supervisión de cooperativas de Ahorro y Crédito
Gestión del Estado
Integrar los procedimientos administrativos
Creación del Sistema de Planilla Única del Estado
Simplificar procesos de contratación
Modernizar funciones de la OSCE
Acceso a OCDE
Adecuar las normas peruanas a los estándares de OCDE
Luchar contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
o    Fuente: La República.09.12.2017

Un tema sumamente crítico es la modificación de los procesos de obtención de predios para la ejecución de proyectos de infraestructura y obras. Esto en concordancia con el PL 1718/2017 enviado por el ejecutivo para que PROINVERSION agilice la expropiación de predios considerados prioritarios. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú indica que se excluye más de 3,000 comunidades en el registro de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, las cuales podrían ser afectadas por las expropiaciones (El Comercio, 08/12/2017).

Estas propuestas se orientan nuevamente a la profundización del modelo en curso, ya que buscan promover la inversión minera, afectar los costos previsionales, impulsar nuevamente la flexibilización laboral, y la privatización del Estado y las políticas públicas.

Perspectivas al 2018

De acuerdo a la CEPAL, en 2018, se pronostica una tasa de crecimiento alrededor del 3.5%, promovido por las exportaciones y el aumento de la demanda interna y la inversión pública; y la inversión privada principalmente del sector minero. Sin embargo, se habla de una recuperación asimétrica, dado que por el lado de la creación del empleo formal y el consumo privado se recuperará a un ritmo más lento.

La productividad de los factores muestra una tendencia decreciente desde el 2008 a la actualidad. Rodrik sugirió avanzar hacia un proceso de encadenamientos internos eficientes, a fin de reducir las brechas y heterogeneidad estructural, e incorporando los servicios en las cadenas de valor, para dar el salto de una reactivación de corto plazo a un crecimiento sostenible, diversificado e inclusivo.

Corrupción y política económica
La corrupción destapada desde principios de año, viene afectando e impactará críticamente no sólo a la esfera política, sino también a la esfera económica.
Algunos analistas estiman que el impacto probable del retiro del mercado de las empresas consorciadas y de la parálisis de las obras de la empresa Odebrecht  (La Republica, 10.12.2017). Pero en la esfera política, lo grave es que la pérdida progresiva de legitimidad de los principales líderes políticos involucrados, funcionarios e incluso autoridades del propio gobierno, puede llevar a una pérdida en la credibilidad en las políticas públicas, desincentivando las expectativas de inversión en el sector privado, paralizando la economía. Máxime si se ha involucrado al propio presidente, que puede ser vacado.

El modelo de liberalización y apertura implementado en América Latina, tuvo en el Perú un caso extremo. Se fue profundizando en los últimos gobiernos, a pesar de que prometieron en elecciones su reforma o cambio. Se acompañó de una creciente desregularización y privatización del Estado, buscando “promover” la inversión privada. Lamentablemente, esto favoreció prácticas corruptas que se dieron a niveles insospechados. La captura del Estado por poderes económicos y fácticos, hizo que se continuara con políticas que habían sido cuestionadas en las urnas, lo que ha llevado a crecientes conflictos laborales, socio-ambientales y regionales.

La crisis política actual refleja ese problema estructural. Se necesita superarlo, para llegar al Bicentenario con optimismo.

FUENTE: Alan Fairlie Economista


¿REFUGIADOS EN PERÚ?



Cada minuto, veinte personas son obligadas a salir de sus hogares, esto significa que más de 28 000 personas cada día son forzadas a buscar un futuro incierto en otros lugares. Hemos llegado a máximos históricos de personas desplazadas en el mundo. En el 2016 ya sumaban 65.6 millones de personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Dentro de este grupo, existen más de 22 millones de refugiados: personas que buscan protección en un país extranjero porque en su propio país son perseguidas debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a algún grupo social[1].

Aunque muchos podríamos imaginar que solo existen refugiados en países de Medio Oriente, Europa y Norte América, nuestro país no es ajeno a esta problemática. En el Perú existen 1 649 refugiados y más de 4 000 personas que solicitan la condicion de refugiado (solicitantes de asilo). La cantidad de solicitantes de asilo ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de 392 en el 2015 a 4392 en el 2016, según datos de Acnur.

Asociar este incremento a la cantidad de personas de Venezuela que hemos visto llegar al país en los últimos años es inevitable. Sin embargo, existen refugiados y solicitantes de asilo de más de treinta nacionalidades. La mayor cantidad provienen de Colombia, Cuba y Venezuela, aunque también destaca la presencia de personas provenientes de Haití, Siria, Serbia y Palestina, entre otros.

El grupo de refugiados y solicitantes de asilo en el Perú es diverso, incluye a hombres y mujeres de diferentes edades, características y motivos de salida de sus países de origen, que vinieron sin su familia o acompañados de parte de esta. Lo que muchos tienen en común son las dificultades para lograr acceder a sus principales derechos, como una documentación de identidad que les permita trabajar de manera formal y acceder a servicios básicos y vivienda.

Un estudio con 93 refugiados y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades en Lima Metropolitana, realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en alianza con Acnur y Encuentros Servicios Jesuita para la Solidaridad, reveló algunas cifras que son bastante preocupantes:

- 7 de cada 10 refugiados y solicitantes de asilo tuvo que trabajar sobre horas y/o tenían muy bajos ingresos por ser extranjeros.

- 40 % de encuestados tardó más de un mes en conseguir trabajo desde su llegada al país, aumentando su exposición a riesgos en esa etapa.

- 85 % de encuestados no contaba con ningún tipo de seguro de salud, por lo que en caso de alguna enfermedad, debían automedicarse o invertir en servicios particulares.

- 6 de cada 10 personas se sintieron discriminados en el Perú, la mayoría debido a su nacionalidad y aspecto físico.

A esto se suma que el ser refugiado puede desencadenar altos niveles de estrés y afectar su salud mental. De acuerdo con el estudio mencionado, las situaciones que más generan estrés son la separación del país de origen, la discriminación y los problemas de documentación que restringen el acceso a condiciones básicas de vivienda y trabajo. Estas situaciones parecen estar asociadas a síntomas de ansiedad y depresión, reportados por más del 60 % de refugiados y solicitantes de asilo encuestados. Sin embargo, son pocos los que pueden acceder a servicios de salud para atender dichos síntomas.

Todo indica que los refugiados y solicitantes tienen serias dificultades en su integración en el Perú. Aunque muchas de estas dificultades también afectan a otras poblaciones vulnerables, el ser refugiado o solicitante de asilo parece llevar a un mayor riesgo de vulneración de derechos, debido a la falta de documentación y discriminación, así como al limitado acceso a redes por la migración.

Considerando esto, el Estado peruano se ha comprometido, junto con otros países, a realizar acciones para la protección e integración de refugiados y cuenta con un marco normativo. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinacion con otros sectores, Acnur y organizaciones de sociedad civil implementan acciones para su apoyo y protección.

Sin embargo, estas iniciativas son aún insuficientes para abordar la complejidad de situaciones que viven refugiados y solicitantes de asilo en el país. Se necesita implementar mayores acciones desde el Estado para la implementación de políticas y acuerdos orientados a la protección e integración de refugiados y solicitantes en el Perú. Estas acciones requieren una mayor articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros sectores, como Trabajo, Salud y Educación. Así, se debe procurar que los derechos reflejados en la Ley del Refugiado, se traduzcan en políticas y reglamentos, así como en la capacitación del personal de diferentes sectores.

Por ejemplo, a fin de mejorar las condiciones de empleo, se necesita trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para la aceptación de la documentación de refugiados y solicitantes de asilo en el registro de contratos laborales, así como en su difusión de su documentación y la necesidad de garantizar derechos laborales de esta población.

"Se puede trabajar en estrategias de sensibilización sobre la existencia de refugiados y solicitantes de asilo, las problemáticas que viven y la importancia de la reducción de acciones discriminatorias contra esta población".

En cuanto a acceso a servicios, podría ayudar una coordinación más cercana con el Ministerio de Salud, a fin de que la reglamentación sobre acceso a servicios como SIS y Essalud incorpore a refugiados y sus familias. Asimismo, se necesita una mayor comunicación con funcionarios a cargo de estos servicios sobre las condiciones y derechos de refugiados.

El trabajo con el Ministerio de Educación debería generar soluciones para el registro y convalidación de títulos académicos de refugiados y solicitantes. Esto permitiría una mayor inserción laboral con mejores condiciones de empleo así como el aprovechamiento de su formación en organizaciones locales. Además, es necesario trabajar con este sector para que la reglamentación sobre requisitos de acceso y registro en instituciones educativas, y su respectiva comunicación a funcionarios encargados, considere a refugiados, solicitantes de asilo y sus familias.

Además, se necesita implementar acciones orientadas a reducir la discriminación. Un paso fundamental sería visibilizar a esta población, dando a conocer la existencia de refugiados y solicitantes de asilo, sus características y principales derechos. Se puede trabajar en estrategias de sensibilización sobre la existencia de refugiados y solicitantes de asilo, las problemáticas que viven y la importancia de la reducción de acciones discriminatorias contra esta población.

De manera complementaria, se recomienda realizar acciones que permitan el acceso a acompañamiento psicológico a refugiados y solicitantes de asilo con mayores síntomas de ansiedad y depresión. Este acompañamiento podría ayudar en el manejo del proceso de estrés producto de la migración y adaptación al país. Para esto, se pueden articular acciones con el Ministerio de salud para incorporarlos en la atención de salud mental del SIS y/o con organizaciones privadas que  trabajen en este tema.

Estas intervenciones deben considerar que las personas refugiadas y solicitantes se suman a las poblaciones locales que ya viven en condiciones de vulnerabilidad (como personas en situación de pobreza que acceden a empleos precarios), lo que representa mayores limitaciones y retos. Sin embargo, se espera que estas acciones, sumadas a las intervenciones desde las organizaciones de sociedad civil involucradas en el tema, puedan ayudar a tener un mayor avance en la integración de refugiados y solicitantes de asilo en el país.

Todo esto implica dejar de centrarse únicamente en la aceptación de la estadía de refugiados en el país y en soluciones limitadas únicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. En contraste, requiere pensar en soluciones sostenibles orientadas a la integración de refugiados y solicitantes en el Perú. Estas soluciones no se restringen únicamente a la normatividad, si no que exigen una articulación constante entre diferentes sectores y organizaciones.

El camino parece ser un reto bastante complejo y sin mayor información acerca de fórmulas de éxito, al ser una problemática que distintos países están intentando afrontar.  ¿Por qué asumir el reto de la integración? Por varias razones. En primer lugar, para lograr hacer realidad las leyes y acuerdos existentes que dan prioridad a la protección e integración de refugiados y solicitantes de asilo en nuestro país. Segundo, por recibir a personas que han tenido que salir de sus hogares como nos gustaría que nos reciban a nosotros cuando lo necesitemos, como nos gustaría que hayan recibido a los 2 609 peruanos que son refugiados en otros países. Por último, por aprender a abrir puertas y tender puentes en vez de construir murallas.


[1] Convención sobre el estatuto de los refugiados, 1951.


FUENTE: Patricia Cabrerizo Docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.