MENÚ DESPLEGABLE

TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS - TRANSLATION TO OTHER LANGUAGES

viernes, 28 de marzo de 2014

El ex presidente Alan García Pérez podría afrontar una denuncia constitucional por haber infringido artículos de la Constitución Política del Perú


MEGACOMISIÓN RECOMIENDA ACUSAR CONSTITUCIONALMENTE A ALAN GARCÍA POR NARCOINDULTOS

 


El ex presidente Alan García Pérez podría afrontar una denuncia constitucional por haber infringido presuntamente seis artículos de la Constitución Política del Perú, al conceder de manera irregular conmutaciones e indultos en su segundo gobierno a sentenciados por el delito de narcotráfico, así lo confirma el informe final de la Megacomisión que fue publicado en el portal de Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

La comisión multipartidaria concluyó además que el ex mandatario transgredió los artículos 8, 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución al haberse encontrado indicios razonables de su participación en el otorgamiento desmesurado de indultos y gracias presidenciales aprovechando el cargo de Jefe del Estado.

De la información se desprenden nueve conclusiones. En estas se ha podido establecer un alto índice de conmutados por delito de tráfico ilícito de drogas, siendo lo ordinario el otorgamiento de beneficios penitenciarios, por lo que, aseguran, se atentó contra el carácter excepcional de este.

Para ello, refieren, se recurrió a la modificación del Reglamento de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, entonces presidido por Miguel Facundo Chinguel, con el propósito de flexibilizar los requisitos y las exigencias procesales para beneficiar a los sentenciados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

Prueba de ello es que entre 2006 y 2011 se otorgaron 5.246 conmutaciones de penas, de las cuales 3.207 fueron a condenados por tráfico ilícito de drogas, incluyendo a 400 sentenciados por TID en su forma agravada. Asimismo, refieren que se otorgaron 1.628 conmutaciones de pena por delito de robo agravado y 180 por delito de hurto agravado.

Una de las modificaciones que figuran en el informe es que a Chinguel se le otorgó la facultad de recibir todas las solicitudes de los sentenciados y seleccionar cuáles merecía seguir los trámites correspondientes y cuáles no, con lo que la decisión de priorizar algunas solicitudes quedaba a su disposición.

Por lo tanto, el informe revela que se redujo la pena de organizaciones o grupos familiares completos, “con lo cual se habría instaurado un sistema judicial paralelo” que desconoció lo realizado por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir y sancionar el delito. Esto a su vez permitió la liberación de cabecillas de bandas de narcos.

Al igual que a García Pérez, la megacomisión recomienda denunciar por infracción constitucional a los entonces ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández, ya que refrendaron las resoluciones que dejaron en libertad a más de tres mil sentenciados por TID.

Comisión del delito

En otra de las conclusiones, la megacomisión sostiene que hay indicios razonables del presunto delito de asociación ilícita que podría haber incluido a altos funcionarios de Palacio de Gobierno, Ministerio de Justicia e integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, pues la cantidad de gracias presidenciales otorgadas a sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en su forma agravada, “no pudo ser ejecutada por una o dos personas, sino por una red que conocía perfectamente sus acciones y las ejecutaba coordinadamente”.

En ese sentido, recomendó al Congreso formular las denuncias y acusaciones correspondientes de acuerdo con la investigación; asimismo, elaborar y presentar un proyecto de desarrollo constitucional para mantener el carácter excepcional del derecho de gracia presidencial, el cual habría sido vulnerado durante la gestión aprista.

Pese a irregularidades en Pisco el 2007, se indultó al ex jefe del SIS

Sobre el indulto humanitario concedido al aprista Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Servicio Integral de Salud, el grupo investigador concluyó que Alan García habría cometido el delito de encubrimiento personal, pues el procesado no reunía los requisitos para recibir la gracia presidencial. Según el documento, Espinoza gozaba de buena salud cuando fue indultado, por lo que no había razones para eximirlo de la condena de 15 años de prisión que recibió al ser declarado culpable de manejos irregulares del SIS en la emergencia que produjo el sismo de Pisco del 2007.

La megacomisión recomendó al Congreso investigar sobre el caso.

FUENTE: Patricia Hoyos

No hay comentarios:

Publicar un comentario